La Justicia comercial de la Capital Federal decretó la quiebra del ex dictador Emilio Eduardo Massera, por una indemnización de 150 mil pesos que no pagó a una víctima de la represión ilegal entre 1976 y 1983. El juez en lo comercial porteño Juan Gutiérrez Cabello dispuso la medida contra el ex almirante, actualmente detenido en una causa vinculada al robo de bebés durante el régimen de facto, a raíz de una deuda impaga a Daniel Tarnopolsky, cuya familia fue secuestrada y desaparecida durante la dictadura.
La medida incluye la prohibición de salir del país hasta la fecha de la presentación del informe general, lo que, de todas maneras, Massera no hubiera podido hacer ya que está detenido en la causa del robo de pequeños nacidos en cautiverio.
En el punto primero de la resolución, fechada el 13 de diciembre pero difundida ayer, el juez dispuso decretar en estado de quiebra a Emilio Eduardo Massera.
Anótese la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros de la Propiedad Inmueble y de la Propiedad Automotor de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, requiriéndose además si de sus anotaciones surge que el fallido sea titular de dominio de algún bien, y en su caso, si sobre el mismo recae algún gravamen, precisó la resolución del juez Cabello.
Inhabilitación definitiva
El dictado de la quiebra incluye la inhabilitación definitiva del ex represor y le prohíbe, además, hacer pagos, los que serán ineficaces.
Cabello ordenó también interceptar la correspondencia y entregarla al síndico.
Tal como es de rigor, el magistrado ordenó el cierre de todas las cuentas bancarias que posea el fallido en entidades financieras, cuyos saldos deberán ser puestos a disposición del tribunal.
La quiebra de Massera fue pedida por Daniel Tarnopolsky el 12 de octubre pasado, en la causa que lleva el número 71.911.
Tarnopolsky presentó el pedido contra el ex comandante ya que, pese a un fallo confirmado por la Corte Suprema que lo obliga a indemnizarlo por la desaparición de sus padres y hermanos, Massera nunca hizo efectivo el pago.
Massera y el Estado nacional fueron condenados por la Justicia en primera y segunda instancia -y el fallo fue confirmado por la Corte-, a indemnizar a Tarnopolsky con un millón de pesos, de los cuales 150 mil debía pagar el ex integrante de la primera junta militar de la última dictadura.
El fallo, que fue apelado tanto por Massera cuanto por el Estado, quedó firme en Corte el 5 de agosto de 1999, pero el ex represor nunca acreditó haber cumplido con el depósito de la suma que le correspondía.