Santa Fe es la provincia que registra el índice más alto de episodios de gatillo fácil en el país en cuanto a la proporción de casos respecto a la cantidad de habitantes y el segundo distrito en cuanto al número de hechos producidos desde 1983, según un informe que dará a conocer hoy en la ciudad de Buenos Aires la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
La estadística de la Correpi indica que del total de hechos producidos desde 1983 se produjeron 366 casos en la provincia de Buenos Aires; 105 en Santa Fe; 100 en Córdoba; 65 en la ciudad de Buenos Aires; 34 en Mendoza y 24 en Corrientes.
De acuerdo a estos datos, la provincia de Santa Fe registra el 13% de los casos registrados desde 1983. Pero los porcentajes en relación con la población ponen a la provincia en el primer lugar en el país, con el 19% del total.
La policía de todo el país está efectivamente «metiendo bala» como ordenó el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf -sostiene la Correpi-, sin que las expectativas democráticas que algunos cifraban en el Gobierno Nacional de la Alianza hayan significado cambio alguno en las políticas represivas del Estado.
En incremento
Según advierte el organismo el fenómeno del gatillo fácil se incrementó notoriamente en el curso del año. En 1999 -hasta el día 15 de noviembre- el Estado había matado 77 personas, lo que resultaba en un promedio de 7 por mes. Este año 2000 suman 833 las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en la Argentina desde 1983, de las cuales 121 murieron entre el 1º de diciembre de 1999 y el 1º de diciembre de 2000, y 111 en el curso de 2000, a un promedio de 10 por mes, señala el informe.
Por otra parte, el promedio de edad de las víctimas -agrega la Correpi- es de 17 años y en su enorme mayoría pertenecían a los sectores más desprotegidos en lo social y económico.
Muy pocas sanciones
Otro dato que revela el informe es que la abrumadora mayoría de los hechos denunciados como de gatillo fácil no recibió ninguna sanción judicial. Sólo un 13 % de los casos registra condenas -se precisa al respecto-. A pesar de que buena parte de los casos registrados corresponden a la muerte ocurrida en ocasión de la aplicación de tormentos, sólo 7 causas han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte en la Argentina desde 1983.
Entre esas siete causas se encuentra la de Jorge Figueredo, de 19 años, muerto el 5 de febrero de 1995, tras ser torturado, en la comisaría 2ª de Venado Tuerto. Por el hecho se impusieron condenas de prisión a todos los policías presentes en el lugar de los hechos.
El informe de la Correpi está confeccionado de acuerdo a una serie de pautas: se incluyen los casos que culminan con la muerte de la víctima, que implican a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y en los que sin duda alguna, la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida, es decir que se excluyen los enfrentamientos reales.
La estadística recopila casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados, las más de las veces, como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil «culposo» (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales) tortura seguida de muerte y desapariciones.
La Correpi destaca además que el incremento de episodios irregulares se verifica sobre todo en tres tipos de casos. La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente presunto; el fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, aprovechando el mayor consenso social obtenido para legitimar estos homicidios y la muerte de personas privadas de su libertad, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios.
Por otra parte, se ha confirmado la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, incluso a veces como parte de «operaciones de prensa» para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
El informe de la Correpi será dado a conocer hoy en una conferencia de prensa y posteriormente será entregado al Ministerio del Interior.