Reducciones de condenas

El gobierno analiza más de 600 conmutaciones

Estiman que un tercio accedería al beneficio, un acortamiento de las penas de entre tres y seis meses

El gobierno provincial recibió desde el Poder Judicial un total de 638 pedidos de conmutaciones de penas de personas detenidas, beneficio que usualmente el Poder Ejecutivo concede a fin de año, luego de examinar las solicitudes y evaluar cuáles de ellas son atendibles.
El director del Servicio Penitenciario provincial (SP), Arturo Gandolla, explicó ayer que usualmente el gobierno satisface un tercio de los requerimientos de conmutaciones. En este caso, según el planteo del funcionario, los beneficios implican un acortamiento de las penas de entre 3 y 6 meses, lo que supone que los detenidos en condiciones de quedar en libertad a raíz de la medida son una mínima cantidad.
Para considerar los pedidos hay condiciones excluyentes: los reclusos que los solicitan deben haber observado buena conducta, demostrado actitudes positivas de readaptación social y predisposición ponderable hacia el trabajo. Quedan exceptuados de los beneficios los condenados por delitos sexuales. Y también quienes hayan sido favorecidos con la conmutación dictada el año pasado.
Las solicitudes están ahora bajo examen de un gabinete de tratamiento y clasificación que depende del SP. Ese órgano, integrado por psicólogos, abogados y médicos, debe dictaminar quiénes están en condiciones de recibir reducciones. La nómina definitiva la diseñan la Subsecretaría de Justicia, el SP y los jueces de ejecución de sentencia de las unidades penitenciarias.
Aunque la conmutación de penas es una facultad del Poder Ejecutivo, el gobierno invitó a examinar la lista final a representantes de ambas cámaras de la Legislatura, a fin de que puedan vertir su opinión. Por último, será el gobernador Carlos Reutemann el que defina a los favorecidos.
El año pasado el gobernador saliente, Jorge Obeid, firmó un decreto de conmutación que alcanzó a 303 reclusos, sobre un total de 760 que habían solicitado reducciones. Fue su último acto en en cargo. El decreto fue suscripto en el marco de una huelga de hambre que se generalizó en las principales cárceles de la provincia: abarcó los penales de Coronda, Rosario y Santa Fe. El gobierno de Obeid había resaltado, por entonces, el carácter decisivo para adoptar la resolución que tuvo el consejo favorable que el Episcopado de la provincial había dado a la iniciativa.