Una expedición estuvo en la depresión ubicada a espaldas del cerro Pissis, en la cordillera riojana

Denuncian por piratería de software a entes oficiales

La Secretaría de Turismo y el Comfer están sospechados de usar programas en condiciones irregulares

La Secretaría de Turismo de la Nación, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Safjp) y el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) fueron denunciados ante la Justicia por el supuesto uso de programas informáticos en condiciones irregulares. Además, la Asociación Software Legal -que combate la piratería informática y radicó estas denuncias- también logró que ayer se concretara un allanamiento en la Comisión Municipal de la Vivienda de la Capital Federal, en el marco de una causa anterior que involucra al gobierno porteño, según precisó Martín Carranza Torres, presidente de la asociación.
El dirigente dijo que al llegar los oficiales de justicia al edificio de la avenida Carlos Pellegrini 211 para concretar el allanamiento, uno de los abogados que trabajaba allí se resistió a permitir acceder a las máquinas y se terminó radicando una denuncia penal en su contra.
Ese procedimiento comenzó a última hora de ayer y continuará el próximo lunes. Pero para evitar que puedan borrarse los programas, el Juzgado ordenó que dos policías quedaran en custodia, explicó Carranza Torres.
El titular de la Software Legal también confirmó que las presentaciones contra varias dependencias oficiales del Estado nacional fueron hechas ante la Cámara del Crimen en base a investigaciones realizadas por la entidad que permitieron detectar que esos organismos utilizarían, presuntamente, software sin la licencia de autorización de uso correspondiente.
En la Argentina, la administración pública y las grandes compañías se sienten intocables en cuanto a la piratería de software. Con estas medidas estamos abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra el uso de programas informáticos ilegales en el país, precisó Carranza Torres.
Las causas fueron sorteadas por la Cámara y recayeron en los juzgados de instrucción penal de Adolfo Calvete, Vilma López y Alberto Baños, señaló el directivo.
Es hora de que el Estado comience a dar el ejemplo en el uso de software legal. Hay ciertas contradicciones y dobles discursos que debemos detener. No es posible que el gobierno se presente como impulsor de una industria a la que está perjudicando por su accionar ilegal, quebrantando la seguridad jurídica imprescindible para quienes invierten y generan fuentes de trabajo en el país, evaluó el titular de la entidad. Según datos de Software Legal, la piratería informática en el país asciende al 62 por ciento y genera millonarias pérdidas para el sector.
Las pérdidas estimadas para la industria local trepan a 192 millones de pesos.