La Tablada: el gobierno apuesta todo a la Corte

Le solicitó la segunda instancia judicial al máximo tribunal. Si fracasa, la solución saldría por decreto

El gobierno de Fernando de la Rúa recurrió ayer en queja a la Corte Suprema de Justicia para reclamar la revisión de las condenas por el ataque al cuartel de La Tablada, a los fines de evitar el descrédito internacional y las posibles sanciones al Estado Argentino que pueden derivarse del incumplimiento de las recomendaciones de la OEA en favor de los presos por el copamiento.
La peculiar relevancia de esta cuestión configura un supuesto de gravedad institucional, redactó el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, en el recurso de queja que interpuso ante la Corte en representación del gobierno.
Advirtió que, si la Corte rehusa conceder a los presos la posibilidad de recurrir las sentencias, la lesión que se causaría no sería individual o particular, sino dañosa para el bien común público.
El ministro de Justicia y hermano del presidente, Jorge de la Rúa, sostuvo por su parte que la Corte debe pronunciarse sobre el delicado asunto antes de la feria judicial de enero.
Reiteró que el gobierno no excluye la alternativa de emitir un decreto que disponga fin al conflicto, que mantiene a los presos en huelga de hambre desde hace 102 días.
Familiares de los presos se concentraron en la tarde de ayer en la sede de la cartera de Justicia para demandar la libertad de los reclusos, internados desde hace semanas en los hospitales Fernández y Santojanni, de la Capital Federal.
Según voceros de los presos, dos ayunantes ya se encuentran en un estado de desnutrición avanzado y los otros huelguistas están ingresando en una etapa delicada.
Apremiado por la huelga y por las presiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA, el presidente De la Rúa decidió jugar su última carta ante los tribunales y recurrir en queja a la Corte, que ahora debe decidir si admite el planteo y, en ese caso, si ordena la revisión de las condenas por el ataque al cuartel perpetrado hace casi doce años. Si fracasa el recurso interpuesto ante el máximo tribunal, el jefe del Estado firmaría un decreto en favor de los presos.
En su presentación a la Corte, Marcer dijo que el Estado debe evitar el descrédito internacional o quizás la imposición de sanciones al Estado Nacional Argentino que pueden derivarse de un eventual apartamiento de la Convención Americana por los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional y garantiza a todo imputado el derecho a apelar las decisiones judiciales en su contra.
En tanto, el gobierno de Italia decidió solventar todos los gastos que demande el ciudadano italiano Roberto Felicetti, uno de los 12 presos de La Tablada.