Editorial

Finanzas más ajustadas

No caben dudas de que al decidir un nuevo ajuste en sus finanzas el gobierno provincial se autoimpuso un saludable y gran desafío. Ello como consecuencia de su decisión de bajar el déficit del presupuesto de 2001 en unos 45 millones de pesos y, al mismo tiempo, disponer que, a partir del mes próximo, la industria pague una alícuota menor en un 33 por ciento de los aportes correspondientes a la ley 5110.
El desafío está en que esas restricciones, que corresponde saludar como ciertamente auspiciosas vista la delicada situación económica que padece el país en general, conllevan la condición de que, a modo de contraprestación, el gobierno federal cumpla con los compromisos que asumió con motivo de la firma del pacto fiscal. Obligación que viene a sumarse a otra anterior respecto del déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina que, hasta un 25 por ciento y en este año y el siguiente, el Estado nacional se comprometió a absorber.
Tanto en su anterior mandato como en lo que lleva del actual, Carlos Alberto Reutemann reveló condiciones de ser un administrador pulcro y eficiente de los recursos públicos. El hecho es digno de elogio, máxime si se consideran otras realidades que muestra el difícil escenario de las provincias argentinas y la circunstancia, también digna de mención, de que, pese a esa austeridad y control del gasto, el desenvolvimiento del Estado no sufrió menoscabos mayores. Es decir, nunca dejaron de pagarse los sueldos ni las jubilaciones, ni por ello hubo de resentirse demasiado el desarrollo de las obras previstas.
Lo observado pone negro sobre blanco una verdad que no por reiterada es menos ignorada. Es la que demuestra que cuando, a partir de la mesura y la honestidad, se actúa con eficacia y transparencia en la recaudación y en el gasto, el resultado que surge del encuentro de ambos extremos del mismo fenómeno es siempre positivo.
Hace algunos días el gobierno remitió a la Legislatura el proyecto de presupuesto para el año entrante que, como se destacó, contempla, entre otras, las novedades mencionadas. Lo hace a partir de 3.255,81 millones de pesos en recursos, que se distribuirán de la manera siguiente: Educación, 37,7 por ciento; obligaciones a cargo del Tesoro, 13; Gobierno, 12,7; Salud, 8,7; Poder Judicial, 6,3; Magic, 5,1; Hacienda, 4; Poder Legislativo, 3; Gobernación, 2,3; MOSPV, 1,4; servicio de la deuda, 1,2, y resto, 2,5 por ciento.
Quizá con cierto atraso y algún exceso de optimismo, tal remisión fue realizada con la esperanza de que la ley respectiva pueda acabar considerada y aprobada antes del comienzo de 2001. Ojalá que así sea.