Editorial

Puerto: urgen aclaraciones

Lejos de lo previsible y esperado, el proceso licitatorio de las terminales 1 y 2 del puerto local es cada vez más intrincado y oscuro. Se trata de una circunstancia lamentable que hay que aclarar con la mayor premura. De lo contrario, habría que colegir que persisten los lamentables vicios y sospechas que signaron la experiencia anterior, que derivó en la perjudicial adjudicación a la empresa filipina Ictsi.
De ser así, la sociedad estaría frente a una situación que resulta inadmisible y que el gobierno de la provincia debe cortar de cuajo. Es que de lo contrario podría llegar a sospecharse la existencia de oscuros intereses. Y esto es algo extraño al alto concepto de máxima probidad de que, con absoluta justicia, goza el actual gobernador santafesino.
Entre otras circunstancias que operan a modo de advertencia sobre el tema, hasta el momento un solo oferente ha comprado los pliegos. Se trata del Grupo Rosario, que integran operadores con fuerte peso en distintos puertos del país, como el de San Nicolás y Villa Constitución. Incluso, uno de los integrantes del grupo -Operadores Portuarios (Opsa)- estuvo vinculado a la primera etapa de la gestión de Ictsi, con responsabilidades de contratar a los estibadores que habrían de trabajar en las terminales locales.
Al margen de lo criticable que resultó el hecho insólito de que en los avisos que convocaban a la licitación se cometiera el absurdo de publicar una fotografía de la presidenta del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), la periodista y ex diputada cavallerista devenida peronista María Herminia Grande, otras aristas poco claras siembran inquietud sobre la marcha de este proceso. Por ejemplo, y sin olvidar que de la redacción de las bases del concurso fueron ignorados varios directores del ente, el hecho de que en esos pliegos se haya incluido una cláusula que aclara que podrán participar los grupos que tengan pleitos contra el Enapro siempre y cuando dentro de los diez días de ganada la licitación -si así ocurriera- desistan del reclamo. Con fundamentos se cree que esa cláusula está redactada a medida de las necesidades de Exolgan, la empresa que mantiene un juicio con el ente por su exclusión escandalosa de la anterior licitación. Algo similar sucede en torno del canon, que, sin que valga la nefasta experiencia con Ictsi, ha vuelto a adquirir relevancia fundamental. También se habla de que se estaría desfavoreciendo la participación de grupos extranjeros.
Como puede deducirse de este somero panorama, se está en presencia de circunstancias harto sospechosas que, en persona, el propio gobernador debería tratar de dilucidar. El tema en juego es muy importante y después del bochornoso escándalo anterior ahora no queda otro camino que el de la más absoluta seriedad y transparencia.