La situación en el puerto registró ayer un nuevo sacudón cuando los trabajadores agrupados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) decidieron lanzar una protesta frente a la sede del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), que incluyó la presencia de topadoras, retroexcavadoras y la quema de cubiertas a la altura de Belgrano al 300. Mientras el sindicato exigió a viva voz la inclusión de 163 estibadores en la nueva licitación para el reconcesionamiento de las terminales I y II de Rosario, la titular del ente portuario, María Herminia Grande, reafirmó que jurídicamente es imposible. La funcionaria insistió, en cambio, con la propuesta de asignar un puntaje diferencial a los oferentes que absorban un 80 por ciento de mano de obra local. Pero la crisis ya había estallado. Grande fue insultada e increpada por los estibadores, que la interceptaron tras una reunión que la presidenta del Enapro mantuvo con el gobernador Carlos Reutemann en la delegación local de gobierno y también frente a la puertas del ente. Mientras, la actividad portuaria quedó paralizada con la medida de fuerza, dejando dos buques azucareros varados en los muelles.
Ayer culminó la cuenta regresiva de la intimación que el gremio portuario asentó en la Secretaría de Trabajo de la provincia en la que solicitó la inclusión en los pliegos licitatorios de 163 de los 204 estibadores que no optaron por el retiro voluntario, propuesto a principios de año, en la rescisión contractual con el grupo filipino Ictsi.
El Supa se puso otra vez en pie de guerra contra el Enapro y María Herminia Grande fue el blanco de todas las críticas. Hacia las 10, varias topadoras, retroexcavadoras y una quema de cubiertas brindaban una clara postal de otra jornada de lucha. Basta, estamos cansados. Paramos el puerto hasta que nos den bola, dijo uno de los manifestantes frente al Enapro.
Nos están tomando el pelo
La cláusula de los pliegos en la que supuestamente se contempla a los obreros es una estupidez, una hipocresía que les toma el pelo a todos los rosarinos, lanzó sin cortapisas el abogado del Supa, Juan Carlos Lombardi, quien junto a un grupo de estibadores se hizo presente en la delegación local del gobierno provincial para asentar sus reclamos ante Reutemann.
El Supa desenfundó una documentación que obra en poder de los funcionarios provinciales. De acuerdo a un acta firmada el 30 de mayo entre el gremio, el Enapro y Puerto Rosario se establece que los estibadores deben ser incorporados al nuevo concesionario que explote las terminales locales. Dicho convenio fue homologado el 17 de julio por la Secretaría de Trabajo, y luego el ministro Miguel Paulón redactó la cláusula que contempla a los obreros, indicó Lombardi, para apuntar: Ahora las nuevas autoridades del ente se burlan del acuerdo jurídico.
El conflicto laboral promete mantenerse en el tiempo. Hay una decisión de concluir el año con un conflicto social sin límites y los trabajadores están dispuestos a ser apaleados o ir a la cárcel hasta que alguien los considere, advirtió Lombardi, mientras el resto de los portuarios reclamaba a coro la renuncia de Grande a su cargo.
La titular del Enapro mantuvo un breve diálogo con el gobernador, quien no recibió a los portuarios y se marchó de la ex Jefatura junto al padre Ignacio Peries.
Se confunden los términos. Una recomendación de la Secretaría de Trabajo no puede tener obligatoriedad con el ente, ni regirnos ni apartarnos de la ley, contraatacó Grande y agregó: El Enapro no tuvo, tiene ni tendrá relación de dependencia con los trabajadores y las actas son expresiones de deseo, con lo cual la Secretaría de Trabajo tiene que rechazar el pedido de intimación al Enapro.
-¿Pero el ministro Paulón se hizo eco de este dictamen? \-Yo sé de mis obligaciones, conozco las normas vigentes. Habrá que preguntarle a Paulón si conoce los detalles de la ley 11.011.
La Capital intentó contactarse con el funcionario, pero Paulón prefirió no formular declaraciones.
La Ciudad
