Mercier prevé menos ingresos provinciales por el costo de políticas activas

Desde enero, la industria pagará un 33% menos de aportes por la ley 5110

El proyecto de presupuesto 2001 contempla una importante reestructuración de la deuda santafesina

El prometido cronograma de eliminación de los aportes patronales contemplados en la ley 5110 para la industria se pondrá en funcionamiento a partir de enero próximo, con la desgravación de un 33% en la alícuota que pesa sobre ese sector. El resto será desgravado en el 2002, con un costo fiscal de 36 millones de pesos en todo el proceso.
El cronograma de exención del gravamen, anunciado por el gobernador Carlos Reutemann durante el día de la Industria, está detallado en el resumen que acompaña al proyecto de presupuesto 2001. El texto fue enviado a la Legislatura con el pedido del gobierno de que se trate antes de que finalice el año y, entre otras cosas, contempla una reducción del déficit de 45 millones de pesos, un aumento de las partidas para obra pública y una caída tanto en la necesidad de financiamiento como en el pago de servicios de la deuda.
El texto que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, explicó la semana pasada a los senadores justicialistas, está confeccionado sobre la base de una estimación de crecimiento de la economía del 1,5% y considerando como un hecho que el gobierno nacional cumplirá con los dos compromisos fiscales firmados durante la gestión de Fernando de la Rúa, que lo obligan a absorber en el 2001 hasta un 25% del déficit de la Caja de Jubilaciones.
Aunque Mercier reconoció que hasta el momento la Nación no cumplió el compromiso firmado en diciembre del 99 de hacerse cargo del 5% del déficit previsional, se mostró esperanzado en que lo haga ya que la fuerte apuesta del gobierno a ubicar el déficit previsional por debajo de los 100 millones de pesos depende en gran medida de ese acuerdo.
Por lo pronto, en la provincia aseguran que realizaron una profunda reingeniería en la asignación de los recursos provinciales para cumplir con su parte del acuerdo federal, que implica el congelamiento del gasto primario, y al mismo tiempo reforzar el gasto social.
En rigor, el presupuesto 2001 prevé un incremento de 18 millones de pesos en el gasto, en el cual se incluye un incremento del 28% en las partidas para el plan de obras públicas, créditos para la designación de 600 agentes en la policía y partidas para financiar el ingreso de 250 subayudantes en el servicio penitenciario, amén de la construcción de dos unidades penitenciarias en el Gran Rosario.
También prevé un aumento de 64 millones en la columna de los recursos, que se prevé llegarán a 3.158 millones. Frente a un gasto total estimado de 3.255 millones, el resultado financiero neto (que incluye un ahorro corriente de 108 millones de pesos) será de 97 millones de pesos. Según el ministro, ese alivio fiscal permitirá reducir la necesidad de financiamiento en unos 86 millones de pesos. Atado a las negociaciones que lleva adelante con organismos multinacionales de crédito para reestructurar la deuda comercial de 200 millones de pesos de la provincia, Hacienda también contempla una fuerte reducción en el pago de intereses, de los 138 millones del año 2000 a los 97 millones estimados para el 2001.
Si todo se da según las previsiones de Mercier, y la Nación cumple con el compromiso de pagar una suma fija de 1.364 millones de pesos mensuales a las provincias, Santa Fe recibirá 978 millones de pesos en concepto de coparticipación, 33 millones más que en el 2000. Además contará con la posibilidad de disponer libremente de fondos que antes estaban asignados a destinos específicos, por 125 millones. Otros 472 millones provendrán de los fondos específicos, 158 millones de organismos descentralizados y 638 millones de la seguridad social (aumentan 20 millones).
En estos cálculos, los ingresos por impuestos provinciales bajarán unos 10 millones de pesos en el año 2001 (912 millones contra 922 del presupuesto actual), cuestión que Mercier adjudica al costo de las políticas de incentivo a los sectores productivos, como la eliminación de la 5110. El ministro calculó un costo de 36 millones, pero en los dos años que durará el proceso de eximición total. De esa suma, casi dos tercios corresponden a los aportes del 3,5% que en concepto de esa ley paga el Estado como empleador (esto en rigor era una ficción porque la plata se reciclaba en el gasto del propio sector público).
En la lista de incentivos a la producción también se incluye el proyecto de desgravación para nuevos emprendedores (otro de los anuncios de Reutemann en el Día de la Industria) y los distintos incentivos fiscales que operan a través de desgravaciones, exenciones, reducciones de alícuotas, regímenes de promoción agropecuaria y declaraciones de emergencia. Mercier dijo que, tomando en cuenta esas políticas activas, algunas de las cuales vienen de lejos, la asignación presupuestaria para el Ministerio de Producción, de 29 millones para el 2001, salta estimativamente a 99 millones.