Santiago.- La Corte de Apelaciones acogió por unanimidad -tres votos a cero- el recurso de amparo en favor de Augusto Pinochet, anulándose por el momento el auto de procesamiento y la detención preventiva en contra del ex dictador chileno. La parte querellante apeló de inmediato ante la Corte Suprema, recurso que se ventilaría el jueves próximo. De esta manera los tres ministros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones -Milton Juica, Carmen Carvajal y Raimundo Díaz-, rechazaron ayer la forma en que el juez Juan Guzmán Tapia sometió a proceso a Pinochet sin antes interrogarlo, en lo que se denomina declaración indagatoria.
Los abogados querellantes coincidieron en este sentido, argumentando que el rechazo fue por razones técnicas y no de fondo, pues a su juicio se presentaron elementos que sugerían la participación de Pinochet en los delitos imputados de la Caravana de la Muerte (18 secuestros y 57 homicidios). El juez especial Guzmán sorprendió a todos los sectores el viernes 1º de diciembre pasado, cuando dictó un auto de procesamiento contra Pinochet y ordenó su detención domiciliaria.
La decisión originó un gran revuelo político y tensión cívico-militar. El presidente chileno, Ricardo Lagos, accedió a reunirse con los comandantes en jefe de las fuerzas armadas a su regreso de México, acogiendo una propuesta de ellos de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), lo que cumplirá recién cuando termine de tramitarse totalmente el amparo de Pinochet en los tribunales de justicia.
Un quiebre de valores
Con este dictamen se están quebrando los valores y la decencia en este país, declaró muy molesto el abogado querellante José Galeano. El letrado aprovechó para fustigar a los que consideró como medios de comunicación comprometidos con una de las partes. Alfonso Insunza, otro abogado querellante, se mostró sorprendido porque el amparo se acogió por una mera formalidad, pero aseguró que la situación la revertirán en la Corte Suprema, el más alto tribunal del país.
Por su parte, la abogada querellante Carmen Hertz, declaró que en los alegatos se demostró que existen presunciones fundadas de la culpabilidad de Pinochet en la Caravana de la Muerte (octubre de 1973) y lamentó que la resolución de los jueces se basara en un tecnicismo.
Hay que tener en cuenta que aquí se acogió al amparo meramente por una formalidad que a juicio de la Corte no fue cumplida (la declaración indagatoria). Las presunciones fundadas respecto de la participación criminal de Pinochet no han sido ni siquiera tocadas, porque son tan contundentes que estas no pueden ser obviadas, declaró Hertz.
Pinochet, de 85 años, esperó la resolución de la Corte en su hacienda costera de Los Boldos, a unos 130 kilómetros al suroeste de Santiago. Allí permanece desde que el juez Guzmán anunciara sorpresivamente su juzgamiento.
Alegría pinochetista
Como era de esperar, en el sector pinochetista, la resolución judicial originó gran alegría. El estrecho colaborador del gobierno militar (1973-90) y actual alcalde de la comuna santiaguina de Providencia, Cristián Labbé, expresó que esta decisión judicial era una buen noticia que repara la tremenda injusticia que se ha cometido con Pinochet.
Cristián Labbé añadió que el fallo permitía avanzar en la reconciliación y mirar hacia adelante y no hacia el pasado, a temas que dividen a los chilenos. Se mostró de acuerdo en zanjar los temas pendientes de derechos humanos por la vía política y no por los tribunales, porque por esa vía aumentan los rencores.
El ex jefe de la fuerza aérea y actual senador designado, Ramón Vega, dijo que la resolución era un paso positivo para los chilenos. La Corte tomó una decisión que todos esperábamos que así fuera, añadió.
La Caravana de la Muerte fue un operativo militar realizado en distintas ciudades chilenas, ordenado por Pinochet y comandado por el general Sergio Arellano Strak. Su objetivo fue acelerar diversos procesos pendientes en los denominados Consejos de Guerra. Este operativo le costó la vida por fusilamiento a casi 80 presos políticos.
La Ciudad
