Revisarían las condenas a los presos de La Tablada

El gobierno pidió a la Corte la doble instancia judicial

Busca evitar eventuales sanciones y condenas que podrían acarrear desprestigio al país

El gobierno presentó ayer un recurso ante los tribunales mediante el cual pidió que la Corte Suprema de Justicia admita la revisión de las sentencias por el ataque al cuartel de La Tablada, para evitar así posibles sanciones y condenas internacionales que podrían acarrear desprestigio al país.
Paralelamente, la administración de Fernando de la Rúa salió a negar que el gobierno pretenda judicializar el delicado caso, tal como afirmó el jueves último el presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien afirmó que el supremo tribunal debería negarse a la posibilidad de intervenir en asuntos que, a su criterio, corresponden al Congreso.
La intención del gobierno de ninguna manera es judicializar el caso, respondió ayer el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, para añadir: Si el bloque del justicialismo hubiese accedido a tratar el tema esto hubiera sido más sencillo y tendríamos una solución al conflicto. Pero como no se ha logrado todavía, no hay otra alternativa que recurrir al órgano supremo.
En tanto, doce reclusos que purgan condena por el copamiento al cuartel, perpetrado en 1989, continúan internados en hospitales públicos a causa de la huelga de hambre que lleva casi cien días.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, dio su interpretación sobre la postura del presidente de la Corte: El doctor Nazareno sin duda ha hecho estas manifestaciones para ser apartado del caso, porque él sabe muy bien que está prejuzgando y aún así prejuzga equivocadamente, dijo la funcionaria.
No obstante, el recurso interpuesto ayer por el gobierno está en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal, que debe decidir si admite el planteo y lo eleva para su análisis a la Corte Suprema.
Se trata de un recurso extraordinario elaborado y presentado ayer por el Procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, quien el jueves pasado recibió instrucciones del presidente De la Rúa y ayer se presentó ante la Cámara de Casación con un escrito de 44 carillas.
La República Argentina, al adherir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano con facultades suficientes para dictar sentencias e imponer sanciones a los estados signatarios en los casos de violación a derechos o garantías protegidos por aquella Convención, sostuvo Marcer.
Agregó que si la Justicia se niega a revisar las condenas de los presos la República Argentina se expone a la aplicación de sanciones y condenas que, más allá del significado económico que pudieran tener, acarrearían desprestigio internacional al país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recomendó al Estado Nacional que los presos de La Tablada puedan acceder a una segunda instancia judicial.