Carlos Duclós
El derecho de la legítima defensa en juicio para las personas, especialmente de escasos recursos económicos, con frecuencia se ve obstaculizado por la falta de infraestructura que tienen los defensores oficiales del ámbito judicial rosarino. No obstante, el esfuerzo y dedicación que ponen estos funcionarios determina que mucha gente se decida por utilizar este servicio. En las defensorías oficiales de los tribunales se atienden en forma gratuita las consultas jurídicas del público y se patrocinan defensas tanto penales como civiles. La gran demanda hace que estas dependencias estén abarrotadas de expedientes.
Hay sólo seis defensorías penales y cinco civiles, y en el caso de las penales hay una por cada juzgado penal, lo que constituye una verdadera desproporción y marca la inexplicable falta de importancia que las autoridades confieren al derecho de defensa. Pese a que los abogados oficiales tratan de morigerar el déficit con esfuerzo y talento, la falta de más defensorías tiene a ese sector saturado y en crisis. Esto forma parte, desde luego, del contexto que caracteriza a la Justicia santafesina desde hace algunos años.
En 1997 ingresaron en las seis defensorías penales 14.254 expedientes en 218 días hábiles; en 1998 la cifra aumentó a 15.483 expedientes en 215 días hábiles; el año pasado la cifra aumentó aún más, a 15.924 expedientes en 218 días hábiles y este año, desde el 1º de febrero hasta noviembre, habían ingresado casi 16.000 expedientes en 190 días. Se presume que a fin de año la cifra pasará los 16.500 expedientes.
La mayoría de los casos que deben atender los defensores oficiales penales son robos calificados por el uso de arma, pero además llegan a sus despachos todo tipo de delitos y de imputados. Si bien por lo general se trata de personas pobres, la Constitución establece que el defensor oficial debe defender a quien se presente. Así se da el caso de que en una de las defensorías se patrocina la defensa del vicepresidente de una conocida empresa informática internacional. Pero también han solicitado los servicios de los profesionales oficiales funcionarios de los gobiernos municipales y provinciales, abogados, empresarios y administradores de edificios, entre otros. Como las defensas son gratuitas, y por ello acuden especialmente personas de escasos recursos, en ocasiones también se recurre a estos defensores por cuestiones de estrategia procesal, especialmente en los casos en donde se imputa al denunciado haberse hecho ilícitamente de mucho dinero.
El trabajo de los defensores penales es intenso y abundante. Cada defensor tiene a su disposición unos cien detenidos aproximadamente que cada semana se presentan para requerir sus servicios. Pero además los defensores deben atender las consultas jurídicas que hace la gente en el tribunal, asistir a las indagatorias de sus defendidos y realizar los trámites que corresponden a cada uno de los casos que tienen. Asimismo, deben realizar los trámites administrativos a muchas personas carenciadas que concurren a Tribunales y que desconocen cuáles son los pasos a seguir en cada caso. Cada defensoría tiene un solo empleado lo que obviamente resulta un número escaso para las necesidades de la oficina. No obstante que desde hace mucho tiempo se ha planteado la necesidad de crear más defensorías y de instalar asesorías letradas que atiendan las consultas de la gente, aún no se han dado respuestas a ese pedido.
En cuanto a las defensorías civiles el trabajo es también intenso: deben tratar en todos los temas que se vinculan con patrocinios y defensas en el fuero civil, pero especialmente en lo referente a cuestiones de familia, tales como cuota de alimentos y régimen de visitas. Lo inexplicable es que los defensores civiles deban también extender certificados de pobreza para todo tipo de trámites. De hecho, esta función les demanda una gran cantidad de tiempo así como los trámites de carácter administrativo que deben realizar en los juzgados de familia.
El defensor general de Cámara de Apelaciones, Carlos Giandoménico, señaló que cada vez es mayor el número de personas que tiene interés en acceder al servicio de la defensa oficial. El servicio de la defensa oficial del Poder Judicial es uno de los sectores que no ha recibido críticas en los últimos tiempos y funciona adecuadamente. Sin embargo Giandoménico reconoció que las defensorías están sobrecargadas de trabajo.
El funcionario destacó que es imprescindible designar mayor cantidad de funcionarios de acuerdo con el incremento de las causas que se nota en los últimos tiempos. Sin embargo, señaló que el funcionamiento de las dependencias se optimizaría si a cada una de las defensorías se las dotara de un secretario letrado.
Giandoménico anunció que en pocos días más se pondrá en funcionamiento una oficina unificadora del trámite procesal. Esto es para favorecer el trámite de los justiciables en todo lo que tenga que ver con los juzgados de familia, dijo. En la dependencia habrá un empleado que se encargará de efectuar todos los trámites que requieran los interesados.
| 
Cada vez más gente hace cola en las defensorías oficiales. |  | Ampliar Foto |  | |
|
|
La Ciudad
