La Cancillería argentina, a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó al gobierno de la provincia de Santa Fe que remita todos los antecedentes de un preso rosarino que está condenado a prisión perpetua por homicidio y violación en grado de tentativa, un crimen del que se reconoció autor porque la policía lo sometió a torturas y amenazas para que se reconociera culpable.
La decisión del gobierno nacional fue anunciada por el defensor oficial de los tribunales rosarinos, Héctor Guido Ceconi, quien colaboró activamente con el defensor general de la Cámara de Apelaciones, Carlos Giandoménico, en la asistencia de Rubén Luis Godoy, acusado del crimen.
Ceconi dijo ayer a La Capital que el secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, Sergio Di Gioia, le comunicó que el gobierno nacional había sido notificado por la Comisión Interamericana sobre el asunto que se disponía a tratar por pedido de los defensores oficiales rosarinos. Rápidamente el Ministerio de Relaciones exteriores decidió solicitar los pormenores del caso al gobierno de Santa Fe para enviarlos al organismo internacional.
Prisión perpetua
El caso en cuestión es una tentativa de violación seguida de muerte que tuvo lugar el 10 de febrero de 1992, en horas de la madrugada, en la calle Almafuerte al 2800, en Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue Silvia Noemí Roldán, de 20 años, quien fue interceptada por un desconocido. El individuo intentó violar a la joven y luego la golpeó con una piedra tan ferozmente que le causó la muerte en forma instantánea.
Por el hecho fue detenido Rubén Luis Godoy, un albañil que vivía a escasas cuadras de donde ocurrió el hecho. El hombre fue golpeado y torturado por la policía y obligado a confesar y a mantener esos dicho en la justicia bajo amenazas. Durante la investigación no se obtuvieron pruebas contundentes que lo incriminaran en el hecho. Un tribunal oral lo condenó a prisión perpetua, sin la posibilidad de la doble instancia de juzgamiento exigida por los organismos internacionales de derechos humanos y a los que nuestro país adhiere. Ni la Corte de la provincia ni la de la Nación trataron el tema a pesar de los recursos presentados por el defensor general Carlos Giandoménico.
Héctor Guido Ceconi dijo que más allá de la inocencia de Godoy, de la cual estoy convencido, en este asunto lo que importa, y lo digo respetuosamente, es que no se han observado las pautas criminalísticas para determinar certeza imprescindible en un fallo condenatorio. El defensor añadió que añadimos el durísimo castigo al que fue sometido (el imputado) para lograr su confesión y obligar a la ratificación en la sede judicial, el cuadro se cierra a favor de la absolución por aplicación del principio de la duda.
Ceconi aclaró que no hay ninguna posibilidad de que el caso sea reabierto porque el tema jurídicamente está terminado, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede instar al gobierno santafesino a que conmute la pena a Godoy, que desde hace ocho años está detenido en la cárcel de Coronda y cuya conducta es considerada por las autoridades del Servicio Penitenciario como intachable. Si el organismo internacional considera que al preso rosarino le fueron conculcados sus derechos y el estado santafesino no repara el daño con una reducción de la pena o la conmutación, la Argentina figurará en el ámbito internacional entre los países donde son violados los derechos individuales de las personas.
La Ciudad
