Año CXXXIV
 Nº 48964
Rosario,
domingo  10 de
diciembre de 2000
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Los militares chilenos estarían impulsando una ley de punto final

Santiago. - El ejército chileno propondrá un acuerdo político para una ley de punto final a fin de evitar el juzgamiento de Augusto Pinochet y de otros militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, dijeron ayer versiones de la prensa oficialista. La propuesta podría ser formulada durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, que fue convocada por el presidente Ricardo Lagos ante las presiones ejercidas por las fuerzas armadas.
El mandatario cedió esta semana, aunque dejó en claro que se opone a la existencia del organismo en el que los militares tienen la misma presencia que las máximas autoridades civiles. Y lo condicionó para cuando haya concluída la tramitación del recurso de amparo mediante el cual el ex dictador busca dejar sin efecto la resolución de un juez que lo sometió a proceso y ordenó su arresto domiciliario. El punto final a los procesos por violaciones a los derechos humanos como cuestión de fondo y no específicamente las molestias institucionales por el procesamiento del general retirado Augusto Pinochet, planteará el ejército al presidente de la república en el próximo Consejo de Seguridad Nacional, sostuvo el diario gubernamental La Nación.
El recurso de amparo en favor de Pinochet, de 85 años, será resuelto mañana, pero aunque le sea favorable los querellantes apelarán a la Corte Suprema, donde el resultado podría serle adverso.
Los militares reaccionaron molestos luego que hace ocho días el magistrado Juan Guzmán dispusiera el juzgamiento y detención del ex gobernante. Y demandaron a Lagos la convocatoria para analizar la situación. El mandatario y su gobierno, así como el oficialismo, rechazaron someter a análisis del consejo una resolución judicial, pero Lagos, al acceder a la convocatoria del Cosena, dijo que debía escuchar la inquietud de los jefes militares.
Los jefes castrenses, en particular el de la armada, Jorge Arancibia, plantearon la búsqueda de una solución política.
La Nación señaló que al plantear el comandante en jefe del ejército, Ricardo Izurieta, un punto final es por el convencimiento de que resulta prácticamente imposible sustraer al octogenario general de manos de la Justicia. El diario afirmó también que el ejército buscará presionar la obtención del punto final a la entrega de antecedentes sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. El 6 de enero vence un plazo para la entrega de datos sobre los desaparecidos según un compromiso de las fuerzas armadas en una mesa de diálogo con civiles. No obstante que Lagos parece desear un pronto término a los problemas de derechos humanos, parece poco probable que esté dispuesto a acceder a una demanda de punto final. Además, el oficialismo tampoco lo aceptaría. Su propio Partido Socialista lo criticó por acceder a convocar al Consejo de Seguridad Nacional.


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