Las principales cooperativas eléctricas de la provincia y los siete sindicatos de Luz y Fuerza de Santa Fe están aunando posiciones para articular estrategias comunes frente a la privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y presentar una propuesta que reúna las posiciones del sector.
La propuesta sindical más acabada apunta conformar una empresa que tome a su cargo las áreas que el concesionario privado quiera tercerizar luego de la privatización de empresa prestataria de energía.
En ese camino, esta semana se reunirán en la capital provincial representantes de la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas (Fescoe) con los dirigentes de las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores de la EPE.
La Fescoe está integrada por las cooperativas de mayor peso en la provincia entre las cuáles se cuentan las de Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Avellaneda y Gálvez.
El acercamiento no es casual y responde a una misma preocupación: cómo reacomodarse ante el traspaso de la EPE a la órbita privada. Las cooperativas temen que la privatización deje poco espacio para su supervivencia y terminen siendo absorbidas por el eventual comprador.
Por ese motivo algunos dirigentes cooperativistas están planteando al gobierno provincial introducir algunos elementos en la norma que regula la privatización.
Los sindicatos, en tanto, saben que la empresa que se haga cargo de la EPE querrá modificar drásticamente las actuales condiciones laborales y seguramente tratará de reducir la actual planta de empleados.
El nuevo secretario general de Luz y Fuerza Santa Fe, Atilio Bonantini, duda de que la privatización llegue a concretarse. No obstante, ante esa presunción los siete sindicatos están elaborando un proyecto para conformar una empresa que tome a su cargo las áreas que el concesionario privado quiera tercerizar.
El proyecto sindical que podría llegar a absorber a unos 1.900 trabajadores apunta a tomar todas las actuales áreas productivas de la empresa provincial. Inclusive se puede pensar en una empresa que preste servicios no sólo a la EPE sino a otras compañías, describió Bonantini.
Demoras en los pliegos
Los pliegos que establecen las condiciones para la venta de la empresa provincial de energía no verán la luz antes de fin de año como recientemente se había asegurado.
No creo que tengamos el pliego antes de enero. No obstante, esto no cambia mucho, un mes más o menos, desde el punto de vista de la provincia no cambia mucho. Acá hay que priorizar los tiempos de la comunidad aunque los políticos puedan tener otros tiempos, afirmó el senador Daniel Depetris, uno de los legisladores de la Cámara alta que está siguiendo de cerca este tema.
Aunque desde fuentes oficiales no se dieron explicaciones, trascendió que uno de los aspectos que motivó la postergación estaría relacionado con algunas dificultades en la elaboración del cuadro tarifario a aplicar por el futuro comprador.
La ley establece que el concesionario deberá realizar una reducción del 30 por ciento en la tarifa de la energía que la EPE cobra a todos los santafesinos.
Pero la norma no fija ni la forma ni los tiempos en que esta reducción debería realizarse.
Algunos sostienen que esto debería establecerse mediante decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, cosa que hasta el momento no se realizó. Otros, en cambio, creen que esto no es necesario y que el pliego lo puede establecer.
En cualquier caso, el tema genera escozor a los funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar el proceso privatizador adelante. La ley dice que la reducción debe hacerse en relación a los valores de la energía de la EPE vigentes en diciembre del año pasado.
Pero ocurre que, a lo largo de este año -y como consecuencia del aumento del valor del petróleo- los precios mayoristas de la energía crecieron cerca de un 50 por ciento respecto a diciembre.
Algunos observadores sostienen que este incremento hace difícil la reducción que marca la ley. Otros, en tanto, como el senador Depetris, consideran que si bien es cierto que el precio mayorista influye en el valor final pagado por el consumidor, no es el factor determinante. Una empresa racionalizada, con una estructura de costos más eficaz, podría perfectamente cumplir con lo que dice la ley.
En cualquier caso lo que está claro es que una empresa que tiene tarifas más altas tiene una expectativa de rentabilidad mayor. Por lo tanto, el precio que se puede obtener por su venta es mayor. Pero, paralelamente, estas altas tarifas pueden acarrear problemas sociales y políticos.
Contrariamente, tarifas más bajas implican menores valores a la hora de la venta, pero es beneficiosa para la comunidad, que tendrá energía más barata.
La Ciudad
