La desregulación de obras sociales prometida para el 1º de enero registra en Rosario unánime resistencia, no sólo de los sindicatos -que temen una sangría de afiliados disconformes-, sino de las mismas prepagas, que no muestran ningún interés en salir a disputar una porción de los padrones.
Es más, en una ciudad que concentra un inusual número de compañías -casi tantas como sanatorios- muchos directivos no ocultaron el deseo de que el sistema siga como hasta ahora, porque al menos tienen asegurada una permanencia en el mercado.
Roberto Villavicencio, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, opinó que si bien la desregulación -que implica la libre elección de la obra social- debería ser bienvenida es un desatino tal como la planteó el gobierno nacional. Y no se extrañó de que el Registro Abierto de Agentes Adheridos al Seguro de Salud -donde deben inscribirse los prestadores privados- siga huérfano y sin ningún anotado a tan pocos días de la mentada apertura.
Villavicencio insistió con que el nuevo Programa Médico Obligatorio (PMO) que lanzó el gobierno y que incrementa las prestaciones es inaceptable e inviable, y más en un país donde las empresas evaden los aportes o son morosas. Nadie garantiza el financiamiento, afirmó.
Adempi es la asociación que nuclea a 28 prepagas medianas y pequeñas de varios sanatorios locales: Ipam, Delta Salud, AMR -Español y Americano-, Mapaci, Credencial -Plaza-, Los Arroyos, Laprida, Cami. Su presidente, Miguel Ardiani, señaló que las compañías tampoco quieren salir a buscar nuevos adherentes porque la desregulación las obliga a inmovilizar más de un millón de pesos como garantía, y dicen no contar con esa suma.
Ardiani afirmó que es lamentable lo que está pasando: no se sabe cuál es el proyecto de salud para el país y se da la paradoja de que, tal como está, a la desregulación no la quieren ni los sindicatos ni las prepagas. El desconcierto es total.
Cuadro de situación
Las obras sociales existentes en Rosario reciben un aporte cercano a los 25 pesos por afiliado (el ocho por ciento de un sueldo bruto de 350 a 400 pesos). Las prepagas, en tanto, dicen cobrar una cápita promedio de 35 a 40 pesos por persona y reúnen entre todas 140 mil afiliados contando los de localidades vecinas.
Obras sociales hay tantas como sindicatos; el estado de las finanzas va de malo a pésimo en la mayoría de los casos y el atraso promedio con el que pagan las prestaciones es de 100 días (más de 3 meses).
Algunas tienen cortados casi todos los servicios, como Osme (del Ministerio de Economía, personal de la Afip y la Ansés); otras, como Osplad (docentes) llegaron a atrasarse 1.500 días (¡cuatro años!) en los pagos y otras -empleados ferroviarios- hasta cerraron sus policlínicos propios.
Entre las más cumplidoras están el Iapos (que recibe al día los aportes del Estado provincial: 11 millones por mes), Osecac (empleados de comercio) y Seguro.
El rosarino Vicente Mastrocola es el titular del sindicato plástico a nivel nacional y representante de la CGT en la Superintendencia de Servicios de Salud que comanda Rubén Cano. En diálogo con La Capital, afirmó que al futuro sistema de salud lo van a manejar los bancos, los grandes agentes financieros, como el Boston y el Santander, que ya formaron las empresas. Van a ir detrás de los sueldos de 1.500 pesos, se sentarán con los gerentes de las grandes empresas y afiliarán a todo el personal. Y los sindicatos seguiremos haciéndonos cargo de los trabajadores de menores sueldos. Se romperá el sistema solidario y la buena salud la tendrán sólo los ricos. Así terminará esta historia, vaticinó.
José Ulises Tagliari, auditor de obras sociales y de prepagas, explicó: Un PMO como lanzó el gobierno tiene un costo promedio de 50 pesos por beneficiario, de los cuales el gobierno garantiza 20. ¿De dónde saldrá el resto, si la evasión en AFJP, ART y aportes de obra social llega al 53 por ciento? Las prepagas no tienen interés porque nadie les asegura los recursos y porque corren el riesgo de que se les trasladen enfermos graves de obras sociales que no les cubren una cirugía cardiovascular o un trasplante, por ejemplo.
Mariela Insaurralde, directora del Iapos, se quejó: El gobierno nacional no respeta el federalismo y el ministro de Salud, Héctor Lombardo, parece un vendedor de baratijas: le dice a la gente «Usted podrá elegir lo mejor» y resulta que ni siquiera sacó una norma con información certera del nuevo sistema, para el cual ni siquiera hay un anotado.
Lo cierto es que a 20 días de ponerse en vigencia, el sistema desregulado halla resistencia por todos los flancos, que apuntan al gobierno nacional como el responsable de que el sistema no dé resultados.
La Ciudad
