| | Brasil amenaza con trabar el ingreso de leche argentina
| El Departamento de Defensa de la Competencia de Brasil elaboró un informe en el que acusa a los productores de Argentina y Uruguay de practicar dumping en importaciones de leche en polvo, paso previo a una posible aplicación de derechos compensatorios. La denuncia brasileña además alcanza a la Unión Europea (UE) y a Nueva Zelanda, país que integra el grupo de naciones líderes en el mundo en producción láctea. Los países acusados tendrán 15 días para defender a sus productores y, finalizado ese plazo, si no hay respuesta, el gobierno de Brasil podrá aplicar derechos compensatorios. La novedad surgió en momentos en que Argentina y Brasil negocian una salida para resolver la crisis generada por la aplicación de derechos antidumping contra la importación de pollos desde ese país. Según el organismo, que depende del Ministerio de Desarrollo de Brasil, la leche en polvo argentina tiene un nivel de dumping de 46%. Para la UE la sobretasa estimada sería de 147,8%, para Uruguay 26,2% y para Nueva Zelanda 20,7%. El organismo analizó las importaciones de ese producto entre julio de 1998 y junio de 1999 período durante el cual ingresaron al máximo mercado del Mercosur 1.310 millones de litros de leche en polvo. No hay nada que impida la adopción de derechos compensatorios porque esos países tuvieron más de un año para presentar nuevos hechos, reaccionó el presidente de la Comisión de Leche de la CNA, Paulo Bernardes. La adopción de medidas de Brasil contra la Argentina complicaría nuevamente el panorama comercial entre los dos socios más grandes del bloque. Desde julio de este año, Argentina aplica contra Brasil derechos compensatorios contra la importación de pollos, de entre 0,96 y 0,98 dólar por kilo. Esta semana, fuentes del gobierno brasileño indicaron que Argentina revió su posición de someter el caso al procedimiento de resolución de controversias del Mercosur. Argentina, que se negó desde el primer momento a ir a esa instancia, habría accedido a cambio de que su socio acepte crear un tribunal permanente para resolución de diferencias.
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