Storani analizó el caso con el ex presidente de Nicaragua

Ortega dijo que el ministro del Interior le manifestó la voluntad de cumplir con la ley y la resolución de la Cidh

El ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega dijo ayer que el ministro del Interior, Federico Storani, le manifestó la voluntad del gobierno de cumplir con la ley y respetar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en favor de los presos por el copamiento al cuartel de La Tablada.
Asimismo, atribuyó a sectores de extrema derecha la denuncia que vincula el ataque al regimiento, perpetrado en 1989, con grupos terroristas que habrían operado en Cuba y Nicaragua.
Ortega formuló declaraciones al ingresar a la sede del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (Medh) junto a dirigentes de izquierda y legisladores de Uruguay, Guatemala y Nicaragua, que viajaron a Buenos Aires para realizar gestiones en favor de los presos.
Hay una iniciativa revanchista por parte de sectores de extrema derecha que tienen su base en la mafia de Miami y vienen conspirando, respondió Ortega al ser consultado sobre la denuncia que radicó el particular Jorge Omar Adra, quien incluso pidió que el ex presidente nicaragüense sea convocado a declarar sobre la supuesta conexión entre el ataque al cuartel y acciones de terrorismo internacional que involucrarían a militares cubanos.
Adra (presidente de la Fundación por los Derechos Humanos y la Democracia en Cuba, con sede en Miami) radicó la denuncia ante el juez federal Alberto Criscuolo. Y el fiscal Mariano Kiguel, según aseguraron fuentes tribunalicias, requirió medidas para investigar el asunto y podría convocar a Ortega a los estrados argentinos para declarar como testigo.
El ex mandatario nicaragüense arribó al país para solidarizarse con los presos por el copamiento, que llevan más de 90 días en huelga de hambre, en demanda de su libertad. Y mantuvo reuniones con Storani y legisladores del PJ. Storani nos manifestó la voluntad que tiene el gobierno de cumplir con la ley y respetar la resolución de la Cidh, explicó Ortega, y agregó que nosotros estamos preocupados por el tiempo, ya que aún trabajando a marcha forzada y con muy buena voluntad, al Poder Judicial le llevaría al menos dos meses expedirse sobre el recurso.
Y razonó: En dos meses habría que lamentar la muerte de los compañeros que están en huelga de hambre y que no están pidiendo un indulto ni una amnistía, sino que se les dé el tratamiento que manda la ley.
La Cidh recomendó a la Argentina, hace más de tres años, habilitar un mecanismo que permita apelar las sentencias de los presos que purgan condena por el ataque.