Diego de Alvear. - Hace dos semanas que no llueve pero el agua sigue llegando a La Picasa a través de la laguna Miramar, dijo Jorge Furno, productor agropecuario de este distrito que ya perdió un campo de dos mil hectáreas como consecuencia del errático comportamiento de las aguas, en una crítica zona que la provincia de Santa Fe comparte con Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.
El agua no nos cae del cielo sino que llega desde otros lados, pero somos nosotros los que pagamos los platos rotos, explicó Furno, y acotó que le extrañó la falta de apoyo de la comunidad de Rufino a la asamblea popular que se realizó días atrás en el cruce de las rutas 7 y 33, para pedir por soluciones urgentes ya que en el año 1998, se priorizó salvar esa zona urbana y fueron los campos de aguas abajo los que recibieron el mayor impacto de la masa hídrica.
En ese momento se salvó la población de Rufino que ahora no nos acompaña en el reclamo, aunque sí lo hacen algunas de sus instituciones y por supuesto su intendente Gustavo Dehesa, disparó el productor. Las entidades rufinenses participantes del acto fueron Federación Agraria, Sociedad Rural, Apoyo Ciudadano, Centro Industria y Comercio, Centro Empleados de Comercio, Asuserfi y Concejo Municipal, pero la gente faltó a la cita.
Las aguas bajan turbias
Furno relató que ya en el año 1976 y junto a otros productores, se opuso a la construcción del llamado canal Aarón Castellanos que, desde Coronel Rosetti, drena hacia La Picasa el agua que a la laguna Miramar le llega desde Buenos Aires.
Según el productor, en terrenos bonaerenses quisieron mejorar un campo que habían comprado barato y como disponían de máquinas viales, hicieron un canal hacia la laguna Miramar; pero algunos productores vieron a este espejo de agua como una amenaza para la ruta7 se abrió el cuestionado canal Aarón Castellanos, con el aval de la dictadura de turno, que apoyó dos o tres pedidos que les hicieron llegar desde Rufino y Venado Tuerto.
Pero no fue lo único, a partir de ese momento los productores fueron haciendo canalizaciones individuales disfrazadas de alteos o zanjas para sacarse el agua de encima hacia la laguna Miramar y desde allí a La Picasa, comentó Furno; el relato coincide con la calificación de anarquía con la que la gente del lugar se refiere al comportamiento de las aguas.
Así se formaron las miles de hectáreas que hoy tiene La Picasa que en 1976 sólo tenía 1.340 hectáreas, era insignificante, a veces hasta queríamos que juntara agua porque nos ayudaba para los animales, comentó. Pero el aluvión hídrico no vino todo junto, a través de dos décadas la superficie de la laguna fue creciendo por duplicaciones, así de 4.500 pasó a 8 mil hectáreas y después al doble.
La lucha por La Picasa empezó hace 24 años, en todo ese tiempo hubo unos 1.300 productores afectados, algunos recuperaron las tierras, pero otros fueron perdiendo cada vez más. Hubo gente que falleció por no poder soportar el disgusto de perder su campo, en todos estos años esa laguna dejó a mucha gente en la calle.
Según Furno, en el campo de su propiedad que está anegado, hay lugares con 3,50 metros de agua que hicieron desaparecer la infraestructura de la producción ganadera como tanques, bebederos, caños de agua, molinos y tinglados. Además, en los campos inundados el agua demolió todas las construcciones materiales, describió.
Dos mil hectáreas bajo el agua
Perdimos dos mil hectáreas de campo que producían leche, ganado y algo de granos; en el año 1988 empezó la cuenta regresiva para nosotros y la pérdida definitiva llegó con la inundación de 1998, comentó Furno, y acotó que la provincia de Santa Fe no sólo dejó de percibir impuestos inmobiliarios, sino los relacionados con la hacienda y la comercialización del cereal, explicó el productor agropecuario.
Además, dijo que la banca los considera deudores como si estuvieran produciendo, siendo que del aparato productivo acá no quedó nada. Aquí hay campos que producían 100 quintales de maíz y 40 de soja y trigo. Hasta hubo gente que debió despedir a sus empleados porque se acabó el trabajo rural y ahora deben afrontar juicios laborales, acotó.
La Ciudad
