El titular de la Fundación Poder Ciudadano, el abogado Luis Moreno Ocampo, complicó ayer la situación de los camaristas comerciales investigados por el Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades en la tramitación de causas. Moreno Ocampo declaró ayer como testigo ante la Comisión de Acusación del Consejo, en su calidad de abogado de una accionista de la empresa Aluar, que sufrió un fallo en su contra por parte de la SalaA del fuero comercial porteño en el que, según las denuncias, se involucra como supuesto influyente al auditor general de la Nación, Rodolfo Barra.
El titular de Poder Ciudadano narró una sucesión de hechos que involucran a los integrantes de esa Sala de la Cámara Comercial, que -según entendió- apunta a jueces que usan a abogados para vender sentencias.
Moreno Ocampo destacó la importancia de la investigación que lleva adelante el Consejo ante rumores que hablan de jueces que venden sentencias a través de abogados, lo que, en caso de confirmarse, derivará en que no haga falta ser abogado: bastará con saber a quién pagarle para obtener un fallo favorable, según sostuvo.
El ex fiscal federal describió básicamente hechos en los que un abogado de apellido González Trabucco aparece vinculado en un presunto caso de tráfico de influencias y supuesto dictado de sentencias amañadas con el camarista Julio Peirano.
Una denuncia contra Peirano
Precisamente a Peirano lo denunció una colega de esa Sala, Isabel Míguez de Cantore, como presunto gestor de la modificación de una sentencia, a instancias de -según dijo- el ex ministro de Justicia y ex juez de la Corte Suprema, Rodolfo Barra.
En relación con el hecho vinculado con la empresa Aluar, Moreno Ocampo dijo que esa firma siderúrgica le habría pagado 350 mil pesos a otro abogado, de apellido San Martín, para la elaboración de informes en una causa civil en la que no apeló a sus propios abogados, pese al reconocido prestigio que tienen ellos.
Al abogado San Martín se lo vincula, según las investigaciones que lleva adelante el Consejo, con otro camarista de la misma Sala, Julio Peirano, quien renunció a su cargo poco antes de la difusión pública de la escandalosa situación.
Moreno Ocampo denunció, además, que el esposo de la camarista Míguez de Cantore, José Cantore, ejerció una suerte de tráfico de influencia en otra causa, en la que aconsejó a una de las partes que para tener éxito en una presentación ante la SalaA de la Cámara debían contactarse con un abogado que él les indicó.
Según aseguró Moreno Ocampo, los abogados hicieron caso omiso a esa sugerencia y el recurso fue rechazado, por lo que en una nueva reunión, reveló, Cantore sugirió que podría gestionar que les fuera concedido el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, porque tenía influencia allí.
Involucran a Julio Nazareno
Cuando uno de los consejeros le preguntó si Cantore -quien presenció toda la declaración de Moreno Ocampo- había mencionado con qué juez de la Corte tenía influencia, el titular de Poder Ciudadano respondió: Sí, con Nazareno. Julio Nazareno es el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.
Las conversaciones en las que Cantore habría formulado tales propuestas fueron registradas con una cámara oculta, que constan en la causa penal abierta por esas presuntas irregularidades, que tramitan ante el juez de instrucción Sergio Torres.
Finalmente, Moreno Ocampo propuso -y consiguió- que el consejero y diputado Carlos Maestro (UCR) se excusara de participar en el trámite, pues tiene abierta una causa penal en Chubut por presuntas irregularidades en la economía provincial durante su gestión como gobernador, a través de una financiera cuyo titular sería accionista de la fábrica de aluminio Aluar.
La Ciudad
