El presidente Fernando de la Rúa firmó un decreto en el que instruye al procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, para que presente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema a fin de que el alto tribunal se pronuncie sobre el derecho de los presos de La Tablada a una nueva instancia judicial.
Para agotar todas las instancias, el presidente firmó hoy (por ayer) un decreto en el que da expresas instrucciones al procurador para que inicie en nombre del Estado un recurso extraordinario para que la Corte declare el derecho a recurrir por parte de los acusados, precisó el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa.
El funcionario lamentó el fracaso del acuerdo político con el PJ en Diputados que impidió el tratamiento parlamentario del tema, a la vez que ratificó la voluntad del gobierno de dar cumplimiento al Pacto de San Jose de Costa Rica.
El objetivo del gobierno es lograr dentro de los mecanismos institucionales normales regulares el cumplimiento de la obligación, dijo el ministro, quien estuvo flanqueado por la secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti.
Explicó que el recorrido que hará la instrucción presidencial es un recurso ante Casación planteando un recurso extraordinario contra el pronunciamiento de esa misma Cámara para que la Corte declare que corresponde el recurso.
Por su parte, Adrián Witemberg, vocero de los presos que ayer cumplieron 95 días de huelga de hambre, dijo que este decreto no hace más que dilatar la situación.
Los presos reclaman un decreto que aplique el indulto, conmute las penas o establezca la segunda instancia judicial con el agregado del dos por uno, con lo cual quedarían en libertad.
El ministro admitió que el Ejecutivo tiene a estudio la posibilidad de un decreto de necesidad y urgencia que pondría fin a la detención de los presos, pero la consideró una situación límite desde el punto de vista jurídico ya que la Constitución prohíbe esta medida en materia penal.
Buscando una salida urgente
Por otra parte, De la Rúa se mostró esperanzado en que la Corte se pronuncie a la brevedad teniendo en cuenta la naturaleza del reclamo y destacó que posteriormente los presos podrán plantear un recurso de revisión ante la Cámara de Casación.\Los miembros del MTP que el 23 de enero de 1989 atacaron el cuartel fueron condenados por delitos sancionados por la ley de defensa de la democracia, que no contempla la segunda instancia.\Paralelamente, el ex presidente nicaragüense Daniel Ortega, que llegó al país para visitar a los presos, podría ser convocado a declarar por la Justicia sobre la supuesta conexión entre el copamiento y acciones de terrorismo internacional que involucrarían a militares cubanos, según admitieron fuentes judiciales.
La Ciudad
