Tokio. - El gobernador de la provincia japonesa de Nagano, Yasuo Tanaka, pidió ayer que el depuesto presidente peruano, Alberto Fujimori, salga de Japón y cuestionó el aparente miedo del ex mandatario latinoamericano a regresar al país que él mismo democratizó. Según fuentes del gobierno regional de Nagano, Tanaka dijo que Japón hará el ridículo ante el mundo si, al igual que Gran Bretaña cuando ofreció protección al ex dictador chileno Augusto Pinochet, deja las cosas como están.
Al permanecer indefinidamente en Japón, Fujimori hará que crezca el sentimiento antijaponés en Perú y pondrá en peligro la seguridad de los japoneses que residen en el país andino y la de los descendientes de japoneses allí, indicó Tanaka. Fujimori anunció en Tokio su renuncia a la jefatura del Estado, pero el Congreso peruano la rechazó y lo destituyó por incapacidad moral permanente. El ex presidente peruano fue acogido en Tokio en la residencia de la escritora cristiana Ayako Sono, mientras el gobierno japonés determina si posee la nacionalidad japonesa y puede o no permanecer indefinidamente en este país.
El Jefe del Consejo de Ministros de Perú, Javier Pérez de Cuellar, afirmó que el ex presidente Fujimori es un fugitivo que no puede pretender que los congresistas vayan a Japón a tomarle cuentas. El gobierno le dará todas las facilidades si es que tiene miedo de que atenten contra su vida, pero debe regresar al país, que muestre la cara y nos explique el porqué de su fuga y de todos los cargos que se le imputan en los diez años de su gobierno, dijo el jefe del gabinete de ministros peruano. Fujimori fue citado a declarar mañana ante una comisión parlamentaria que investiga las actividades ilegales del ex asesor Vladimiro Montesinos, pero el ex presidente anunció desde Japón que aún no se dan las condiciones para volver.
Ex funcionarios
En tanto, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua anuló ayer por arbitraria una resolución con la que el gobierno de Fujimori cesó a 117 funcionarios diplomáticos de carrera en 1992. La resolución anulatoria, aparecida ayer en el diario oficial El Peruano, indica que con la resolución suprema del 29 de diciembre de 1992 fueron afectados los derechos de los diplomáticos sin que existiera una causal de cese.
El jefe del gabinete y canciller, Javier Pérez de Cuéllar, afirmó que la medida contra los diplomáticos fue arbitraria, inconsulta y una especie de venganza de las autoridades de ese momento contra funcionarios ante los cuales no cabía ningún reproche.
La resolución de reivindicación de los diplomáticos dispone su total reincorporación a la situación de actividad. Pero en el caso de los funcionarios que ya pasaron el límite de edad, se otorgarán compensaciones que serán evaluadas cuidadosamente, adelantó Pérez de Cuéllar.
El jefe de gabinete anunció también que serán evaluados los diplomáticos de carrera en el exterior para determinar si se excedieron en la sumisión a las disposiciones del gobierno de Fujimori. Una vez que se haga un análisis probablemente serán retirados, dijo Pérez de Cuéllar.
Fujimori gobernó desde 1990 hasta noviembre pasado, cuando fue destituido por el Congreso por incapacidad moral, en medio de una grave crisis desatada por escándalos de corrupción.
La Ciudad
