Año CXXXIV
 Nº 48.960
Rosario,
miércoles  06 de
diciembre de 2000
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El tribunal de apelaciones paralizó la orden de arresto contra Pinochet
El presidente Ricardo Lagos mide fuerzas con los jefes castrenses sobre el enjuiciamiento del ex dictador

Santiago. - Un tribunal chileno paralizó temporalmente ayer una orden de arresto domiciliario y procesamiento contra Augusto Pinochet por crímenes durante su régimen, al acoger un pedido de la defensa del ex dictador. La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó por unanimidad la petición de no innovar interpuesta el lunes por los abogados de Pinochet, deteniendo el procedimiento hasta el fallo sobre un recurso de amparo presentado por la defensa el fin de semana.
La resolución significa que el juez Juan Guzmán no podrá realizar ninguna diligencia vinculada con el caso hasta que la misma Corte se pronuncie sobre el recurso de amparo (hábeas corpus) presentado el sábado por la defensa del ex dictador. Esta decisión, la cual no implica la definición del caso, deja en el aire la concreción de tres medidas dispuestas ayer por el magistrado Guzmán: la notificación a Pinochet de su procesamiento, el cumplimiento del arresto domiciliario y la elaboración de la ficha policial del ex dictador.
En la práctica, suspende la notificación del mandamiento de arresto domiciliario que estaba decretado. Se suspende además el arraigo que lleva de pleno derecho el auto de procesamiento y todas las otras consecuencias, dijo el abogado Ambrosio Rodríguez.
El juez Guzmán, que acumula ya 187 querellas contra Pinochet, de 85 años, determinó sorpresivamente el viernes la detención domiciliaria y procesamiento del ex dictador por los delitos de secuestro y homicidio calificado. Las acusaciones se fundan en el asesinato y desaparición de 77 personas a manos de la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió el país exterminando opositores, tras el golpe de Estado de 1973. Informes oficiales han revelado que más de 3.000 personas murieron o desaparecieron durante la dictadura de Pinochet, de 1973 a 1990.

Ofensiva legal
Los defensores de Pinochet respondieron a la orden de Guzmán presentando el sábado ante los tribunales un recurso de amparo, mediante el cual pretenden demostrar que la decisión del juez es arbitraria e ilegal. A ello se sumó la orden de no innovar interpuesta el lunes.
El amparo debe ser fallado por una sala de la Corte de Apelaciones hoy o mañana. Los abogados del ex dictador confían en que ese requerimiento también será aprobado. El hecho de acoger la orden de no innovar, obviamente es indicativo de que el recurso tiene fundamentos, dijo Ambrosio Rodríguez. Por lo tanto, va a ser analizado en su mérito.
La defensa fundamenta sus reparos en que magistrado emitió su dictamen antes de que el ex gobernante fuese interrogado y sometido a pruebas mentales que verifiquen si está en condiciones de ser enjuiciado, como establece la ley chilena para cualquier inculpado mayor de 70 años. Pero el juez Guzmán ha insistido en que su determinación de arrestar y encausar a Pinochet se ajusta a la legalidad. Una cosa son los exámenes mentales que deben tomarse a cualquier persona que tiene más de 70 años en cualquier tipo de crimen y otra cosa es el auto de procesamiento que sí es uno de los requisitos procesales, ha dicho el juez.

Militares expectantes
El primer éxito de la defensa de Pinochet, que había fracasado hasta ahora en todos sus esfuerzos por librarlo de un juicio en Chile, animó las expectativas de los militares, inquietos por el cerco judicial tendido en torno a su ex líder. El Poder Judicial debe actuar a fin de corregir, restaurar ese error, en que ha incurrido el juez Guzmán, dijo el general retirado Alejandro Medina. Y quien tiene que enfrentar las rectificaciones es el propio Poder Judicial.
Más allá de los pasos judiciales, los mandos castrenses buscan una salida política a la compleja situación judicial del ex dictador y de numerosos uniformados en retiro y servicio activo, acusados de violaciones a los derechos humanos.
Ayer por la tarde, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas se reunieron con el presidente Ricardo Lagos para intentar que éste convoque al Consejo de Seguridad Nacional. El consejo es una instancia constitucional en la que participan los jefes militares y los titulares de los poderes del Estado donde se discuten situaciones que puedan afectar la seguridad del país. Pero el presidente Ricardo Lagos descartó de antemano la opción de llamar al consejo y reiteró que el gobierno intervendrá en las acciones judiciales. No nos corresponde a nosotros como Poder Ejecutivo analizar los fallos, nos corresponde acatarlos y hacer que se cumplan, nada más, dijo el mandatario.

Exhorto desde Italia
En tanto, un exhorto de un tribunal italiano en contra del ex dictador Pinochet se encuentra tramitando la Corte Suprema de Chile, según informó ayer el vespertino La Segunda de Santiago. En el escrito se le solicita fijar residencia en ese país europeo por un juicio que se le iniciará por delitos cometidos en Santiago, Buenos Aires, Montevideo y otros sitios de América latina desde el 11 de septiembre de 1973 hasta diciembre de 1980.
El exhorto del tribunal de Roma ingresó a la Corte Suprema el mismo día en que el juez Guzmán Tapia lo sometió a proceso por el caso Caravana de la Muerte, vale decir el pasado viernes 1º de diciembre. El fiscal de la Corte Suprema Enrique Paillás deberá entregar su informe al máximo tribunal sobre el exhorto. La solicitud de notificación deberá ser analizada y resuelta por la Sala Penal de la Suprema.
Hace unos meses atrás, un grupo de chilenos presentó en Italia una acción judicial contra Pinochet. El exhorto ingresó al Ministerio del Exterior el pasado 24 de noviembre y cuatro días más tarde -tras hacer las traducciones respectivas- era trasladado hasta la Corte Suprema.



Un pinochetista cubre un afiche frente a la Corte Suprema.
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