Sorpresa y media. Eso es lo que deben haber pensado los integrantes de la Sindicatura General de la Nación (Sigén) cuando, en enero pasado, encontraron cajoneada una auditoría sobre el manejo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) efectuada por el mismo organismo en 1997, durante la gestión de Carlos Menem. Las irregularidades que constan en el informe (asignaciones sin requerimiento formal que justifiquen situaciones de emergencia o desequilibrio financiero, entre otras) pesaron a la hora de evaluar los costos políticos, y alguien consideró necesario dejar todo en el freezer.
La auditoría, descubierta por la actual conducción de la Sigén, a cargo del rosarino Rafael Bielsa, apuntó al control interno en la Subsecretaría de Relaciones Económicas con las Provincias, al análisis de las transferencias de fondos efectuadas por el Ministerio del Interior y su encuadre legal.
Tomó como base la aplicación de la ley sobre coparticipación federal de impuestos y abarcó aproximadamente el 30 por ciento de un total pagado de 305.903.945 de pesos correspondientes a los aportes que efectuara el Tesoro nacional (durante el período 02/01/96 al 31/12/96). Además, tuvo en cuenta que se trata de fondos provenientes de la coparticipación federal, por lo que corresponde su asignación a las provincias.
Casos curiosos
¿Cuáles fueron las irregularidades detectadas? La subsecretaría no contaba con un registro actualizado para definir el espectro de solicitudes de asistencia recibidas y su destino final. Y carecía de documentación para evaluar los pedidos y establecer prioridades para asignarlos. Los expedientes para tramitar el pago no reunían antecedentes previos al dictado de la resolución ministerial (solicitud de aporte, evaluación efectuada por la secretaría o dictamen del Servicio Jurídico).
La tramitación se efectúa en la subsecretaría, limitándose la Unidad Ministro a gestionar la firma del acuerdo del aporte y la Subsecretaría de Administración a efectuar la transferencia de fondos que ésta ordena, agrega el texto.
Hay más datos curiosos: se utilizaron resoluciones ministeriales en todos los casos estudiados, no se aclararon los motivos de la asignación y sólo se consignó, genéricamente, la expresión emergencia y/o desequilibrio financiero. Pero no se diferenció si se trataba de una u otra situación.
La subsecretaría no contaba con antecedentes suficientes a fin de encuadrar algunas asignaciones dentro de los supuestos reconocidos por la ley, por lo cual para el otorgamiento del aporte se presupone el desequilibrio financiero.
Pero el asombro fue mayor al descubrirse grotescos tales como el envío de ATN que tuvieron como destino la Fiesta de los Estudiantes (Jujuy), las elecciones en Balnearia y San Carlos Minas (Córdoba), una pista asfáltica del aeropuerto de Miramar (Buenos Aires), el Programa de Viviendas y Erradicación de Bolsones de Pobreza en Villa Itatí y La Cava (Buenos Aires) y hasta un programa de cooperación e intercambio entre la Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurion del Neguev y La Rioja para el desarrollo de la cuenca del río Bermejo.
No hubo justificación escrita sobre asignaciones destinadas al financiamiento de planes que tienen partidas específicas (como la rehabilitación de zonas inundadas en Formosa), y se detectaron remesas en respuesta a pedidos de organizaciones no gubernamentales (ONG): la Fundación Botánica Conservacionista Argentina (Córdoba) y los clubes Estudiantes y Unión Deportiva Campos (La Pampa).
Tampoco existieron antecedentes actualizados acerca de la asignación permanente a La Rioja, que reconoce como única causa un acta acuerdo firmada en abril de 1992 por la que el ministerio comprometió un envío mensual, sin plazo determinado de vigencia, de 7.000.000 de pesos.
Según el informe, esto significaría un financiamiento previsto para un fin determinado. No puede interpretarse que el presupuesto provincial esté desequilibrado desde su formulación, ni que se haya considerado a los ATN como fuente de financiamiento convenido.
En rigor, la información que se dispone por ley se limitó a un parte mensual en el cual se comunicó a cada provincia el monto de lo girado.
Y, según se subrayó en el texto, evidentemente no es este el propósito, sino que todas las provincias tengan conocimiento del uso que se hizo de fondos que les son propios.
La auditoría del 97 sostuvo que la subsecretaría no contó con el debido control interno que le permitese evaluar las solicitudes de fondos en forma sistemática, a fin de establecer urgencias y prioridades, y administrar el dinero con eficiencia.
Las transferencias fueron efectuadas en cada caso al Tesoro provincial correspondiente, siendo las autoridades distritales las que dispusieron su destino final.
Por último, se señaló que lo expresado por la subsecretaría en su descargo no invalida el informe: Sus justificaciones se basan, en algunos casos, en el fin último que pudiera interpretarse como el espíritu de la ley.
La Ciudad
