Editorial

Crisis del seguro automotor

Asombra el deterioro del sistema de seguro automotor que, si bien no puede ser analizado fuera del contexto general de la fuerte decadencia económica que padece el país, supera lo imaginable. Tal es lo que se desprende de la información brindada por organismos oficiales y privados con incumbencia en esa actividad.
Por ejemplo, en el período marzo-agosto del año en curso se registraron en esta ciudad 27 mil accidentes de tránsito, con solamente el 47 por ciento de los vehículos asegurados. Otro dato que corrobora tan lamentable cuadro tiene que ver con que, de acuerdo con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, aquí circulan 311.661 unidades patentadas. De ese total, las aseguradas son nada más que 160 mil. El resto carece en absoluto de cualquier cobertura.
Como puede observarse, la población en su conjunto, sin distinciones en tanto conductor o simple peatón, se encuentra desprotegida en alta proporción frente a un grave peligro potencial. Ello como consecuencia de que nadie está exento de sufrir un accidente. Se trata de un hecho que, en el momento de afrontar sus consecuencias financieras, puede llevar incluso hasta la pérdida de los bienes personales por la lisa y llana ausencia ausencia de un seguro o por la deficiencia de su instrumento -la póliza- cuando la falta de pago de las cuotas la invalida.
Al margen del altísimo porcentaje de vehículos que circulan sin la garantía de resarcimiento comprometida frente a eventuales daños a terceros que exige el artículo 68 de la ley nacional de tránsito, a la que adhirió Santa Fe, la gravedad de la cuestión tiene vinculación también con las altas indemnizaciones a que dan motivo los accidentes, de manera especial cuando devienen fatales. Por ejemplo, la respuesta económica que provoca la pérdida de una vida humana oscila entre los 100 mil y 200 mil pesos. Y frente a demandas de esa naturaleza existen escasas posibilidades de defender con eficacia cualquier bien personal.
No caben dudas de que una situación de tal naturaleza no puede prolongarse mucho más. Es cierto que la profunda y persistente crisis económica que, con su secuela de alto desempleo, padece la Argentina impide, muchas veces, actuar según aconseja la sana prevención, pero ello no implica renunciar a adoptar alguna metodología de trabajo que ayude a atemperar tan grave problema. Entidades vinculadas a la actividad aseguradora insisten en que las autoridades pertinentes deberían acrecentar su poder de policía en cuanto a controlar que los conductores circulen con sus pólizas de seguro al día. Constituiría una muestra de sentido común ponerse a trabajar sobre esta línea de acción, que en épocas pasadas supo dar buenos resultados.