Los prestadores privados de la salud se rebelaron contra la desregulación de obras sociales que comenzará a regir el próximo 1º de enero en el país. Advirtieron que el futuro sistema, cuyo decreto ya fue firmado por el presidente de la Nación, no contempla una ecuación entre la cantidad y calidad de servicios y la forma en que se financiarán. Así lo señaló el empresario local Roberto Villavicencio, quién calificó de utópico, demagógico e inviable al Programa Médico Obligatorio (PMO), el catálogo de prestaciones médico-asistenciales que deben brindar las obras sociales a sus beneficiarios, y que contempla el sistema.
Las empresas médicas están de acuerdo con la desregulación de las obras sociales en el marco de una competencia regulada. Y no se oponen al incremento de las prestaciones básicas. Pero cuestionaron al Ministerio de Salud de la Nación por agregar prestaciones al PMO y no prever un sistema adecuado para su financiamiento.
Por eso, el Consejo Federal de Empresas de Salud (Confesalud) presentó un recurso administrativo para impugnar el decreto que aprueba el nuevo PMO. La entidad está conformada por más de 800 sanatorios, clínicas y hospitales privados de todo el país, y su secretario es el rosarino Villavicencio.
El empresario, también presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, se quejó porque el nuevo sistema es utópico, demagógico, voluntarista y no se podrá cumplir, ya que no cuenta con un correlato financiero para la calidad y cantidad de servicios que se deben prestar.
Con este sistema, se podrá elegir entre todas las obras sociales, sean sindicales o de dirección, con las empresas de medicina privada que participen del proceso. No están incluidas el Pami ni las del personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y las de los empleados públicos provinciales. Todas deberán cumplir con el PMO. El plan de atención médica obligatoria contempla una serie de prestaciones médicas que el prestador debe cumplir a cambio de una cápita mínima mensual de 20 pesos.
Un plan incumplible
Para Villavicencio ese plan es incumplible. Entre otros motivos, debido a la situación al borde del colapso, en la que se encuentran la mayoría de las obras sociales. En general, es más el dinero que las empresas le deben a las obras sociales, que la deuda de estas con los prestadores, graficó el empresario.
El Ministerio de Salud promete una prestación de 20 pesos por beneficiario y no puede garantizarla, afirmó. Según el decreto, cuando los aportes y contribuciones por cada beneficiario sean inferiores a dicha cotización (20 pesos), el Fondo Solidario de Redistribución integrará la diferencia.
En ese sentido, Villavicencio exigió que el Tesoro nacional se debe hacer cargo de esa diferencia para que se obtenga un financiamiento real.
En definitiva, los prestadores privados quieren la desregulación, pero con la suspensión del actual PMO, que se garantice la financiación del programa a través de los Ministerios de Salud y Economía y la participación del sector en la evaluación y actualización del PMO, entre otros puntos.
La Ciudad
