Eugenia Langone
El Estado debe garantizar que los avances tecnológicos no vayan en desmedro de los derechos de la gente, indicó ayer el titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en su paso por Rosario. Al referirse a la problemática de las antenas de telefonía móvil y a la caída de la torre que el martes pasado provocó la muerte de un operario, el funcionario aseguró que se necesitan normas claras, tanto en el ámbito provincial como municipal, que no pueden ser ambivalentes, porque no se debe permitir la colocación de antenas con permisos precarios. También explicó que se intenta dar un nuevo perfil al organismo. Las denuncias que más preocupan tienen que ver con la vulneración de los derechos a la salud y la educación, así como las denuncian por violaciones a los derechos humanos que provienen de familiares de personas que están detenidas, afirmó.
-En Rosario hubo un accidente grave con una antena de la empresa Movicom que, al caer, mató a un operario, ¿cómo ve esta problemática a nivel nacional?
-Hay un avance de este problema en las grandes ciudades, porque la proliferación de la telefonía celular y de las antenas ha generado inconvenientes. Creo que el Estado debe buscar un equilibrio y garantizar que el desarrollo de la tecnología no vaya en desmedro de los derechos de la gente.
-El Estado, en este caso el municipio, ¿debe controlar además si hay avance desmedido?
-Si el Estado logra un equilibrio, también es una forma de fiscalizar, porque se necesitan normas claras, tanto en el ámbito provincial como municipal. Estas normas no pueden ser ambivalentes, así como no se debe permitir colocar antenas con permisos precarios. El poder político tiene que avanzar y debe existir un orden jurídico que sea respetado por las empresas de telefonía celular.
-En relación con otros países, ¿la Argentina se encuentra atrasada en esta problemática?
-El país tuvo una gran dificultad por no haber normativizado el tema al principio, y la competencia generó el avance de las empresas. En cambio, hay lugares en el mundo donde la telefonía móvil sólo funciona con una o dos antenas por ciudad, que aunque tiene un mayor costo es menos riesgoso. Pero en nuestro país este rubro tuvo un desarrollo desordenado, donde se compite por el cliente y no por la calidad del servicio.
-¿Qué tipo de denuncias reciben en la Defensoría del Pueblo?
-Muchas denuncias están relacionadas con la discriminación, algunos casos los atendemos directamente y otros van al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). Pero la mayoría de las denuncias son sobre vulneración de derechos a la salud y la educación, que en algunos casos también tienen origen discriminatorio.
-¿Cuáles son las que más le preocupan?
-Todos los derechos humanos nos preocupan, porque no son un problema de estadísticas. Pero el acceso a las prestaciones mínimas de salud y a la educación son los puntos más importantes. Además, hay denuncias de violaciones a los derechos humanos de familiares de detenidos, porque el sistema carcelario argentino es deprimente, así como la presencia de menores en comisarías donde no deben estar.
-¿Estas denuncias provienen por lo general de los sectores más carecientes?
-No siempre, porque también llegan personas que pertenecen a los sectores medios empobrecidos. Además viene gente que, si bien no puede ser incluida dentro de los sectores marginales, tiene las mismas dificultades y las mismas angustias. Estas situaciones se producen muchas veces por negligencia del propio Estado, que no sólo deja que se vulneren los derechos de la gente, sino que muchas veces los vulnera él mismo.
-¿Intenta cambiar el perfil del organismo?
-Estamos intentando nacionalizar la defensoría, porque encontramos un organismo muy compenetrado con los problemas de la Capital Federal. Estamos buscando una defensoría menos judicial y más cercana a los problemas de la gente.
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La Ciudad
