En Argentina, que tiene al 15 por ciento de su población desocupada, existen al menos 250 mil chicos que trabajan por míseros sueldos sin poder ir a la escuela y hasta conviven con la muerte durante las 13 horas diarias bajo el sol de una cosecha o al ser prostituidos en las zonas urbanas. Este es uno de los escenarios planteados por el flamante presidente de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Leandro Halperín, quien afirmó que es necesario realizar una política de Estado fuera de la comidilla de los políticos para atacar este problema.
El trabajo infantil -según Halperín- es la parte más perversa del sistema porque estamos condenando a los chicos a no poder progresar socialmente, porque no pueden tener una vida con horizontes. Argentina considera trabajador infantil a todo menor de 15 años de acuerdo a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las estimaciones oficiales dicen que hay 250 mil chicos que trabajan, pero creemos que hay muchos más, dijo el funcionario, quien aclaró que hay distintas formas de trabajo infantil que aleja a los chicos de la escuela y del ocio. Además de los que son explotados en el negocio de la prostitución o en empleos rurales, están los que no tienen derecho a la niñez por tener que cuidar a la familia.
Incluso se da la perversa situación de que sea tomado el padre como empleado con un sueldo y medio con la condición de que su hijo trabaje a la par de él, explicó.
Descomposición social
Halperín dijo que la situación está íntimamente ligada a la descomposición social del país y recordó que hay dos tipos de sanciones, una penal, para quien sea descubierto promoviendo la prostitución infantil, y otra de la ley laboral. La legislación laboral aplica multas de 1.000 a 5.000 pesos a quienes tengan niños menores de 15 trabajando a su cargo, dijo el funcionario, cuyo área depende de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.
Halperín anunció que las primeras acciones que emprenderá será la de entablar negociaciones con maestros, sindicatos, empresarios, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales y gobiernos provinciales y municipios para poder consensuar sobre el combate al trabajo infantil.
La Ciudad
