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La ley de salud reproductiva

La jueza civil Susana González Echeverría, a cargo del juzgado 34, dispuso en una acción civil de amparo para que la ley de salud reproductiva que sancionara la Legislatura porteña no pueda ser aplicada a determinadas familias. El pronunciamiento fue obtenido por los abogados que argumentaron que dicha legislación es inconstitucional en tanto vulnera garantías básicas como el derecho a la vida, la salud, la patria potestad y la objeción de conciencia. Si para ciertos legisladores es más barato promover el control artificial de la natalidad mediante fármacos abortivos o cancerígenos que atender ciudadanos, que hagan el ahorro por otro lado, pero que no se entrometan en nuestros hogares para utilizar a nuestros hijos como conejillos de indias de planes impuestos por organismos financieros internacionales. Con anterioridad la Cámara Civil había acogido un planteo similar de los mismos profesionales que sostuvieron que dichas leyes promueven el aborto químico y ponen en riesgo la salud de la población, permitiendo que las cuestiones morales queden al arbitrio de ciertos laboratorios que desean imponer sus pautas comerciales sobre el interés general y los derechos de las familias.
Roberto Castellano, Carlos Esteva y Eduardo Sequeiros