La provincia y el municipio negaron fondos para un trasplante

Carlos Duclós

Patricia Eberhardt salió ayer desilusionada de los tribunales rosarinos cuando escuchó de los representantes de los gobiernos provincial y municipal, y del Centro Unico de Ablación e Implante de Organos (Cudaio) que no había plata para pagar el trasplante de médula que necesita. Estoy muy mal -dijo con lágrimas en los ojos- porque todo salió negativo, nadie tiene plata, ni fondos para esto. La chica, enferma de cáncer de ganglios, debe ser sometida a un trasplante de médula en forma urgente y no cuenta con recursos ni obra social para solventarlo. Ante esta situación, su familia recurrió a la Justicia.
El escenario del rechazo fue esta vez el Juzgado Civil y Comercial de la Octava Nominación, a cargo de Liliana Giorgetti, quien convocó a las autoridades a una audiencia de conciliación para lograr que presentaran una alternativa a fin de satisfacer las necesidades de la muchacha. Pero tal propósito fracasó.
Los argumentos fueron los de siempre: los representantes de la Fiscalía de Estado de la provincia dijeron que el gobierno no estaba en condiciones de solventar los gastos, el Cudaio planteó la falta de fondos y la Municipalidad dijo que no disponía de organismos ni estructura para este tipo de trasplante, aunque se comprometió a hacerse cargo del posoperatorio de la paciente. En el caso del municipio, no obstante, debe destacarse que es el único organismo que hasta el momento se ha ocupado de la atención de la paciente, quien el domingo debió ser hospitalizada nuevamente durante dos horas en el Hospital Clemente Alvarez por un cuadro de fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos.
Ahora, a Patricia sólo le queda la esperanza de la justicia y de la solidaridad de los rosarinos. La jueza Giorgetti posiblemente dicte hoy una resolución judicial en el marco de la medida autosatisfactiva que presentó la defensora oficial Lilian Constant en representación de Patricia. Esta medida consiste en un juicio rápido y abreviado en la que el magistrado adopta una resolución inmediata con fuerza de sentencia, aunque no se descarta que alguna de las dependencias oficiales apelen la medida.
La familia de Patricia es de escasos recursos y en este momento no tiene obra social. Y la operación cuesta 50 mil pesos. Lo único que nos queda es seguir adelante, porque está en juego mi salud, dijo ayer la chica al salir del juzgado. Patricia se quejó de la falta de sensibilidad de los funcionarios. Si a ellos les tocara vivir esto actuarían de otra forma -dijo-. Si tuviesen un poco de sensibilidad sacarían de donde fuese el dinero. Creo que el dinero está, pero nadie quiere hacerse cargo de nada, añadió.