Aproximadamente 100.000 inmuebles (campos, viviendas o terrenos) en toda la provincia podrían salir a remate en los meses venideros, de acuerdo a un estudio que realizó el diputado justicialista Carlos Bermúdez sobre los casos que se hallan en la Justicia por reclamos de deudas. La situación llevó al legislador a presentar un proyecto para que se suspendan las subastas por 24 meses. En la norma, Bermúdez pide que se declare una emergencia provincial que contemple los inmuebles únicos, urbanos o rurales, destinados a las necesidades de sustento y vivienda familiar que se encuentren en proceso de ejecución judicial.
El diputado está trabajando con las organizaciones de defensa de la vivienda única y damnificados de Rosario y otras localidades a fin de detener la avalancha de subastas en la provincia. A tono con las autoridades del Colegio de Martilleros, que denunciaron maniobras fraudulentas en las subastas, Bermúdez opinó que existen mafias que se mueven alrededor del negocio de los remates.
Según opinó el legislador, la seguidilla de remates de viviendas dejó al descubierto la grave crisis social por la que atraviesan los santafesinos. Se dan situaciones irrisorias. Los inmuebles se venden en muchos casos por montos normales, luego con la deuda aumentan pero al llegar al momento de la subasta terminan rematados por un monto ridículo, y encima los dueños siguen siendo deudores, afirmó.
La iniciativa de Bermúdez contempla que una vez que se suspendan los remates se convoque a las partes a los fines de lograr acuerdos que permita refinanciar las deudas. Si esta instancia no se resuelve y no se logra alguna forma de cancelación del monto demandado, continuarán las acciones judiciales que quedaron al momento de declarada la emergencia, afirmó.
El proyecto de ley se complementa con otro presentado por la diputada Irma Foresi, a mediados del mes pasado, por el que se recomienda poner bajo el régimen de bien de familia a las viviendas únicas de uso familiar, a fin de protegerlas de créditos que se puedan tomar.
El tiempo propuesto por el legislador apunta a otorgar un compás de espera hasta tanto mejore la situación económica y social en la provincia, ya que Bermúdez entiende que los remates originan conflictos que promueven el enfrentamiento de los ciudadanos con los agentes del orden público y del Poder Judicial.
El legislador intentará que la iniciativa sea tratada, junto a la de Foresi, en la Cámara baja antes de fin de año, aunque los tiempos corren en dirección inversa. Primero debe tratarse en comisiones y luego va al recinto, señaló, al tiempo que recordó que en las sesiones extraordinarias sólo se debaten las normas recomendadas por el Ejecutivo.
Situaciones extremas
Muchos propietarios en Rosario han atravesado situaciones extremas por las que vieron subastar sus viviendas en medio de un clima de tensión e incluso con revueltas policiales.
Uno de los casos emblemáticos se vivió el 17 de octubre pasado, cuando se remataron 10 departamentos por deudas que no fueron contraídas por sus propietarios, sino por la empresa constructora. A pesar de los desesperados gestos para impedirlo, la subasta se realizó, con el grito de usureros, ladrones y delincuentes de fondo.
En esa oportunidad, José y Adelina Paolucci, ambos jubilados, estuvo entre los damnificados. No podemos volver a comprar lo que ya compramos y pagamos, se lamentaron con lágrimas en los ojos.
Pero eso no fue todo; en otro remate, Oscar Pedemonte debió ser asistido cuando sufrió una descompensación en medio de la tensa jornada. Luego, Pedemonte recibió el apoyo de sus vecinos, quienes compraron la vivienda y se la devolvieron.
Estas situaciones promovieron que la problemática llegara a la Legislatura provincial. En los considerandos de su proyecto, Bermúdez estimó que un sinnúmero de familias ha quedado sin hogar, como también sin aquello que le procure sustento, contraponiéndose con los principios establecidos en la Constitución nacional.
También consideró que con la emergencia por 24 meses se lograría no sólo la calma social de un sector convulsionado, sino que se otorgaría un nuevo plazo para que se disponga de un plan optativo en función de que se refinancien las deudas.
La Ciudad
