La contención y la reducción del gasto público son el caballito de batalla de las medidas económicas que a lo largo del año tomó el gobierno de Fernando De la Rúa con un objetivo excluyente: la reducción del déficit fiscal, en particular el de las provincias. La semana pasada los gobernadores provinciales cerraron un nuevo acuerdo fiscal con la Nación que entre otros puntos clave, congela el gasto por cinco años. Con la urgencia que impusieron la profundización de la crisis y la necesidad de dar señales para que llegue el blindaje financiero por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, las administraciones provinciales aceptaron este compromiso con la única inclusión de una cláusula que les permitirá hacer algunos cambios frente a situaciones graves. Es un alivio para el gobierno nacional y para muchas jurisdicciones urgidas por obtener recursos frescos, pero ¿qué significa para las cuentas santafesinas? ¿cómo cumplir con la exigencia de no incrementar los gastos? ¿qué cambios obligará a hacer en la estrategia financiera provincial?
A diferencia de otros Estados provinciales cuyas finanzas están pasando por un momento crítico (cabe destacar que durante el 99 el déficit en las provincias creció un 87% respecto del año anterior y que el 45% de ese déficit correspondió a Buenos Aires), el nuevo pacto encuentra a Santa Fe con una situación fiscal menos compremetidas, con un déficit de 143 millones para el 2000 (casi un 50% menor que el precedente) y de 100 millones (e incluso un poco menos) para el 2001.
Este saneamiento es sin dudas producto de varias medidas previas: la ley de emergencia económica puesta en marcha en el último tramo del gobierno de Jorge Obeid, una administración pública que actualmente sigue la línea de la constricción del gasto público y que fijó los flujos futuros con una expectativa bastante pesimista en relación al crecimiento, más una mejora en la recaudación en el año curso.
Distintos analistas económicos y funcionarios de Santa Fe consultados por La Capital coincidieron en señalar que en términos generales el pacto que sellaron los gobernadores no implicará ponerle un corsé muy ajustado a la provincia, que parece ir a contramano de lo que le sucede al Estado nacional con sus cuentas.
Antes del pacto, Santa Fe tenía prácticamente acordado un presupuesto 2001 que contempla un leve crecimiento y que apunta reducir el déficit a 100 millones, y pensamos cumplirlo. De allí en más creemos que vamos a poder dar cumplimiento al nuevo acuerdo, enfatizó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier.
En ese sentido, desde la secretaría de Finanzas provincial se asegura que Santa Fe tiene por delante un sendero de disminución del déficit fiscal -que es independiente del nuevo pacto firmado- y que se verificó ya en el presupuesto recientemente aprobado, donde se pasó de un déficit de 300 millones en el 99 a uno actual de 143 millones. El proyecto de presupuesto que en los próximos días se enviará a sesiones extraordinarias apunta a reducir el rojo del 2001 a 100 millones, y quizás menos, con lo cual estaríamos reduciendo el déficit pautado para el 2001 en un 50%, dijo el secretario de Finanzas, Miguel Asensio.
De ese déficit, el grueso está relacionado con el enorme agujero provocado por los desmanejos en la Caja de Jubilación de la Provincia de Santa Fe, pero al ratificarse la vigencia del pacto de diciembre del año pasado, ese rojo en el futuro será cubierto por la Nación.
Las medidas tomadas hasta ahora por el Ministerio de Hacienda provincial en cuanto a ahorro, restricción de gasto, etc, parecen ser suficientes para evitar salir a colocar deuda. No estamos obligados a recurrir al financiamiento en el mercado de dinero, dijo Mercier el martes pasado, y se preocupó en remarcar que la firma del pacto es un gesto patriótico de los santafesinos que le sirve más al gobierno nacional.
El presupuesto santafesino, armado en base a un crecimiento basado en previsiones menos optimistas que las del Ministerio de Economía de la Nación, es otra de las banderas que levanta el gobierno de Reutemann a la hora de certificar que el acuerdo fiscal no cambiará el actual rumbo de la economía provincial.
Para favorecer el recorrido de ese camino hacia la baja del déficit, la administración provincial también confía en la aprobación de una ley de responsabilidad y control público donde haya pautas en el sentido de contar con presupuestos preconcebidos, sólidos y cumplibles que aseguren el acceso al financiamiento y el cumplimiento de los compromisos, relató Asensio.
No todo lo que reluce es oro
Todo parece indicar que en lo inmediato el pacto fiscal no afectará a Santa Fe, ya que define el gasto en los niveles actuales y hasta cabe pensar en otros beneficios como el traspaso del déficit de la Caja y hasta la aplicación de beneficios impositivos para favorecer a los sectores productivos. Si mejoran los recursos corrientes y el gasto no se puede ampliar porque está congelado ¿por qué no pensar en bajar impuestos?.
De todos modos hay quienes señalan que pueden aparecer problemas. Aunque el primero de los pactos sellados por las administraciones provinciales con la Nación quedó ratificado, hasta el momento se cumplió poco y nada de lo pautado allí. Esto llevó al gobernador Carlos Reutemann a exigir en más de una oportunidad que se cumpla lo prometido. De persistir las dificultades, la suerte del déficit de la Caja estaría en riesgo.
La Nación ratificó el compromiso en el último pacto, pero sólo con la realidad despejaremos las dudas. En todo caso nos tocará denunciar que no se cumple, pero esperamos no llegar a ese límite, dijo Mercier. Acá la provincia tiene de todos modos una cuenta pendiente, la sanción de una ley de fondo que permita obtener un organismo previsional viable, más allá de las leyes de emergencia.
También está en dudas qué puede pasar con el congelamiento del gasto en vista de un crecimiento vegetativo que de por sí obliga a incrementar los planteles de personal en áreas clave como salud, seguridad o educación. Ojo que no vamos a poder poner un sólo policía más en Santa Fe, repitió una y otra vez Reutemann a modo de advertencia o de sentencia, antes y después de poner la firma en el pacto.
Este puede ser un verdadero problema, enfatizó el diputado justicialista Oscar Lamberto en diálogo con La Capital, refiriéndose a la obligación de ponerle un freno al gasto por cinco años consecutivos. El pacto no se fija en la calidad del gasto sino que define por la cantidad. Con ese techo, el fenómeno de crecimiento vegetativo se traducirá en enfermeros sin camilla, maestros sin tiza y policías sin auto, dijo.
Frente a este panorama hubo quienes adelantaron que el pacto firmado la semana pasada será difícil de cumplir: Eso es lo que se firmó, pero no será lo que se cumpla, se atrevió a denunciar el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, con un profundo descreimiento sobre el acuerdo.
En este contexto, la cláusula que admite salirse del apretado cinturón frente a situaciones graves viene, de algún modo, a tranquilizar a los gobernadores. Ante una situación grave que implique una interrupción en los servicios de salud, educación y una alteración excepcional en la seguridad pública, y ante la imposibilidad de reducir otros gastos, las provincias podrán solicitar autorización al Ministerio de Economía para la modificación temporaria del gasto, reza la cláusula conseguida a último momento por los gobernadores del justicialismo.
Que falten enfermeros puede ser grave, apuntó Lamberto, quien se refirió a una situación reciente para graficar que los imponderables están a la orden del día y que habrá que contemplar muchas situaciones: Con una catástrofe como la de Cañada de Gómez, ¿qué le vamos a decir a la gente, que no los podemos ayudar porque el gasto está congelado?.
Lo que puede pasar
Coincidiendo en que Santa Fe no es para nada una de las provincias más conflictivas en cuanto al estado actual de sus cuentas, el economista Tulio Ceconi remarcó que hay varios puntos del acuerdo que aún no están claros. Entre ellos, justamente, se remarca la definición de situación grave, donde pueden considerarse una multiplicidad de casos.
Tampoco hay igualdad en la definición de qué significa gasto primario, que es el que se congela, dice Ceconi. Para la Nación es el gasto total menos los intereses y para las provincias el gasto corriente. Si se toma el punto de vista de la Nación ¿Qué vamos a hacer, congelar el gasto total y frenar las obras de infraestructura?, se preguntó el analista económico de la Fundación Mediterránea.
Por la dudas, y en este marco, una de las alternativas que baraja la provincia es la de tomar fondos de la venta de las acciones del Banco Hipotecario Nacional para afectarlos a determinados destinos, como puede ser la construcción de cárceles u otras obras y así no detener los proyectos en danza.
La provincia, además, tiene otra perla: la venta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es una de las más potables posibilidades de inyectar fondos frescos a las arcas provinciales. Su venta permitirá al gobierno juntar un buen colchón de recursos. Si la provincia resuelve su déficit corriente, podrá asignarlos enteramente a la promoción de políticas activas. Como contrapartida, la firma del compromiso federal se hizo con el peor escenario de los mercados, lo que obliga a ser prudente sobre los tiempos para privatizar la empresa.
La Ciudad
