Los presos por el ataque al regimiento de La Tablada, que llevan 82 días en huelga de hambre, elevarán un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, reveló ayer uno de los defensores de los detenidos. El nuevo planteo de los ayunantes obedece a que antenoche la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el pedido que ellos habían hecho para que se revisaran las condenas que la Cámara Federal de San Martín les impuso hace once años.
Los camaristas Raúl Madueño, Pedro David y Juan Fégoli basaron su resolución negativa en que, según ellos, a la Corte Suprema, como tal, le corresponde fijar la interpretación constitucional final.
La posibilidad de darles una segunda instancia judicial que revise las condenas a reclusión perpetua fue recomendada en diciembre de 1997 al gobierno argentino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de los presos, anticipó que elevarán el recurso al máximo tribunal del país en contra de este rechazo de la Cámara de Casación, a la vez que harán alguna otra medida más concreta. En rigor, un recurso extraordinario a la Corte debe ser ingresado en la mesa de entradas de la Cámara de Casación y debe ser éste tribunal quien decide si lo eleva o no a la instancia superior. Si la respuesta es negativa, podrán radicarlo en queja a la Corte.
Revisión de casos
Los defensores habían formulado el pedido con relación a las condenas aplicadas a Roberto Felicetti y Claudia Acosta (reclusión perpetua) y a Carlos Motto, José Moreyra, Sergio Paz, Isabel Fernández, Miguel Aguirre, Claudio Rodríguez, Claudio Veiga, Joaquín Ramos, Gustavo Messuti, Luis Díaz y Luis Ramos (prisión perpetua). También incluyeron en la solicitud de revisión los casos de Antonio Puigjané, condenado a 20 años de prisión, Dora Molina, a 15 años, Miguel Angel Faldutti y Daniel Gabioud -ambos a 13 años-, Cintia Castro y Juan Manuel Burgos, 11 años para cada uno, y Juan Carlos Abella, condenado a 10 años de encierro.
La Corte Suprema, tiempo atrás, ya falló que en los casos del jefe de los presos del Movimiento Todos por la Patria (MTP), Enrique Gorriarán Merlo y a su ex esposa Ana Sívori debía reconocerles el derecho a doble instancia la Cámara de Casación.
Sin embargo, el mismo alto tribunal negó ese derecho de la doble instancia y consiguiente la revisión de penas a los otros militantes del MTP condenados por el ataque en 1989 al cuartel de La Tablada.
Otra posibilidad que les quedaría a los presos de La Tablada sería una conmutación de penas de parte del Poder Ejecutivo, pero el presidente Fernando de la Rúa ha venido repitiendo que no está dispuesto a ello ni a un indulto.
Intentos del gobierno
El gobierno, en cambio, ha intentado sin éxito una salida parlamentaria para que los condenados puedan apelar las sentencias en su contra, camino que les fue vedado porque fueron enjuiciados bajo la ley de defensa de la democracia.
Hasta el momento fracasaron las iniciativas legislativas en ese sentido por la oposición del bloque justicialista y algunos diputados del radicalismo.
Los reclusos en huelga de hambre e internados en los hospitales Fernández y Santojani, son Ana Sívori, Claudia Acosta e Isabel Fernández, así como el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Felicetti, Alberto Díaz, Sergio Paz, Claudio Veiga, Gustavo Messutti, José Moreira, Miguel Aguirre, Carlos Motto y Claudio Rodríguez.
El ataque al Regimiento de Infantería Mecanizada Nº3 de La Tablada fue llevado a cabo el 23 de enero de 1989 por los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), con la justificación de que allí se montaba un nuevo levantamiento militar carapintada, y arrojó 39 muertos, 28 de los atacantes más 11 entre policías y militares.
La Ciudad
