El ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció que el lunes se enviará al Congreso el proyecto de reforma previsional que contempla la eliminación de la Prestación Básica Universal (PBU) para las jubilaciones superiores a los 600 pesos. El gobierno descartó así la alternativa del decreto y optó finalmente por el camino legislativo. La iniciativa llegará con algunos cambios respecto de los anuncios originales efectuados por el presidente Fernando de la Rúa. Entre otras cosas, habrá un nuevo piso para la eliminación de la Prestación Básica Universal (PBU).
El presidente Fernando de la Rúa analizó anoche con algunos ministros los detalles del proyecto definitivo de reforma previsional. Para ablandar la resistencia de los legisladores, la eliminación de la PBU no será para todos sino para los que cobren jubilaciones superiores a los 600 pesos. Además, si bien se eleva la edad jubilatoria de la mujer a 65 años, se las habilita también a retirarse a los 60, aunque con un descuento de 10 pesos por cada año menos de edad.
El descongelamiento
El texto constará de un centenar de artículos, en los cuales sobresale el que establece el reemplazo de la PBU por una prestación universal, que variará de acuerdo al salario. Entre otros cambios, se establece un sistema de movilidad para las jubilaciones de acuerdo con las variaciones de salarios calculadas por el Indec. Aunque menos conocida, se trata de una modificación importante ya que hasta ahora las jubilaciones estaban congeladas.
Además, incorpora cambios a los mecanismos de retiro por invalidez y fallecimiento: en la actualidad las administradoras computaban el capital aportado por año, el proyecto lo transforma en mensual. Actualmente, si una persona debía jubilarse, por ejemplo, luego de 20 años y cinco meses de aportes sólo se capitalizaban las dos décadas. Con la reforma se deberán computar también los cinco meses. Con respecto a las comisiones de la AFJP se elimina la tasa variable y se mantiene la fija.
El Ejecutivo pretende que, con los cambios efectuados a la idea original, la reforma tenga rápida sanción en el Congreso. El diputado Eduardo Santín, quien encabezó en el bloque oficialista las negociaciones el gobierno por la reforma previsional, aseguró que la intención de la bancada es construir consenso en torno del proyecto previsional, para aprobarlo en comisión durante diciembre. Para eso, la iniciativa tendría que ser ingresada para su tratamiento en las sesiones extraordinarias.
De todas formas, aunque el texto oficial suaviza los cambios previstos originalmente, todavía debe torcer la oposición de un amplio grupo de diputados oficialistas. Vamos a plantear que la eliminación del sistema de reparto no forme parte del dictamen, adelantó Santín en referencia a los cambios que planean introducir los diputados.
El presidente de la bancada radical, Horacio Pernasetti, aseguró que el texto enviado por el Ejecutivo seguramente será compatibilizado con otras iniciativas.
Ganó la Patagonia
A pesar de que el ministro de Economía refutó ayer las declaraciones del número dos del FMI, Stanley Fischer, respecto de la preocupación existente en el organismo por la demora en la instrumentación de las medidas comprometidas por el presidente Fernando de la Rúa, lo cierto es que el gobierno quiere avanzar en la negociación con el Congreso.
Parte de ese paquete es la sanción del presupuesto 2001, con las modificaciones introducidas por el Ejecutivo. El ministro de Economía se mostró confiado en que la iniciativa reciba media sanción de Diputados la semana próxima.
Machinea se mostró dispuesto a aceptar las modificaciones que impulsan los legisladores, y que básicamente consisten en sacar del proyecto las propuestas de recorte a los subsidios a la Patagonia y a las provincias del noroeste. Nosotros defendemos nuestro proyecto de presupuesto, pero sería necio pensar que saldrá sin modificaciones del Congreso, dijo. Economía preveía una reducción de 700 millones en el gasto primario pero con las modificaciones de los diputados esta reducción podría llegar a cero ó 100 millones, agregó el jefe de la cartera de Hacienda.
La marcha atrás con esos recortes explican en parte el aumento de la pauta de déficit del presupuesto para el año que viene, que el gobierno elevó en 1.700 millones. A esto se suma el aumento del gasto social en 250 millones de pesos, acordado con los gobernadores en el marco de la negociación por el nuevo compromiso federal.
El jefe del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro, advirtió en declaraciones televisivas que si no hay medidas, dentro de 15 ó 20 días vamos a tener una crisis financiera que paraliza al país y no queremos que pase eso.
En otro orden, Machinea confirmó que se está elaborando un nuevo decreto para la desregulación de las obras sociales al cual podrán acceder todos los trabajadores, sin diferenciación por nivel de sueldos, y la libre elección de prestatario de servicios de salud desde el primero de enero.
La Ciudad
