Las empresas de telefonía fija deberán abonar a los municipios un canon por el uso del espacio público -aéreo o subterráneo- si prospera un proyecto que impulsan en la Cámara baja de la Nación los diputados santafesinos Rubén Giustiniani y Héctor Cavallero, entre otros legisladores. Así, las prestadoras de servicios de comunicaciones tendrán que devolver a las municipalidades hasta el 2 por ciento de la facturación bruta anual que obtengan en cada jurisdicción. La iniciativa no es caprichosa, sino que se basa en leyes similares que existen en Europa. Para las arcas de la Municipalidad de Rosario esto podría representar un ingreso extra estimado de cerca de un millón y medio de pesos.
La cifra suena más que tentadora, tanto es así que el intendente Hermes Binner se encargó de fogonear el tema en las reuniones de la Federación Argentina de Municipios (FAM) donde se formó una comisión para estudiar estrategias comunes en torno a este problema (ver recuadro). Para Rosario, este ingreso significaría, por ejemplo, incrementar al doble el presupuesto de la Secretaría de la Producción o implementar anualmente 600 planes Trabajar de 200 pesos.
La iniciativa ya obtuvo despacho en tres comisiones de la Cámara baja de la Nación. Por lo tanto, ya está lista para ingresar en el recinto de Diputados. En términos generales la norma indica que las sociedades que prestan servicios de telefonía fija tributen a los municipios por el uso que realizan en sus tendidos del suelo, subsuelo y los espacios aéreos municipales.
El canon varía de forma diferencial según la forma en que se monten las redes. Para el caso de los tendidos realizados en forma aérea el tributo sería del 2 por ciento de la facturación bruta anual que obtengan en cada jurisdicción. Porcentaje que se reduce al uno por ciento en el caso de los tendidos subterráneos.
Asimismo, el proyecto especifica que el costo generado por esta nueva obligación no se podrá trasladar a los usuarios.
De prosperar esta norma, se estima que las prestatarias del servicio telefónico tendrían que desembolsar unos 60 millones de pesos en todo el país. De los cuales, cerca de un millón y medio ingresarían a la Municipalidad de Rosario.
El proyecto ya cuenta con el visto bueno de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Asuntos Municipales y Defensa del Consumidor. No obstante, todavía no cuenta con una fecha para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, aunque no se desestima que pueda ser discutido antes que termine el período de sesiones ordinarias.
Como en Europa
En definitiva, la norma no haría más que someter a las firmas de telefonía a las mismas exigencias que tienen en la Unión Europea. Así, tanto Giustiniani como Cavallero coincidieron en afirmar que las mismas empresas que se oponen a abonar este canon en nuestro país, en Europa lo pagan sin problemas a las municipalidades.
En este sentido, el diputado del Partido del Progreso Social precisó que en España, por la ley de hacienda, están obligadas a tributar un 1,5 por ciento anual de la facturación bruta, en Italia tienen un sistema similar, y en Portugal abonan por metro cuadrado que ocupa el tendido. En el único país que no pagan es en la Argentina.
Para Cavallero, el tributo que deberían abonar las telefónicas no es un impuesto, sino un derecho que corresponde a los municipios, ya que los tendidos utilizan el espacio público.
Giustiniani advirtió que la no prevención de este costo no justifica su traslado directo a la facturación que pagan los clientes del servicio telefónico. Sería absurdo que la comunidad le esté pagando a una empresa privada el costo del uso de un bien comunitario, concluyó el legislador de la Alianza.
La Ciudad
