El gobernador Carlos Reutemann se comprometió ayer a investigar lo ocurrido en el incendio de la comisaría 25ª, donde murieron trece presos, en el curso de una entrevista realizada ayer con los familiares de los reclusos, quienes le reclamaron que se establezca cuál fue la responsabilidad policial en el incendio.
La respuesta de Reutemann pareció tranquilizar a los parientes que a las las 20.30 de anteayer se habían reunido frente a la ex Jefatura de la Unidad Regional II esperando el arribo del titular del Ejecutivo provincial. Pero una hora antes del cónclave, los gritos de los familiares reclamando justicia retumbaban en la calle Santa Fe acompañados por el sonido de bombos y redoblantes.
En realidad, durante la larga vigilia, el ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, ya había recibido a los allegados de las víctimas, pero, desde su punto de vista, no había respondido a ninguno de los reclamos puntuales. Solamente había cumplimentado, según ellos, un requerimiento planteado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario: los presos que sobrevivieron al desastre del penal de Pueblo Nuevo en las próximas horas iban a ser trasladados a la Alcaidía de la ex jefatura y a la Unidad Penal Nº3.
Carina Carbone, hermana de Jorge Carbone, una de las trece víctimas fatales del incendio, explicó que queremos hablar con el gobernador porque el señor Baltuzzi no respondió a ninguna de las preguntas que le hicimos. Yo quiero saber por qué a mi hermano lo trasladaron de la comisaría 14ª sin orden judicial. Estuvo 21 días detenido. Era la primera vez que caía y me lo mataron.
Jorge Carbone, según relató la mujer, fue arrestado tras ser imputado por el robo de un buzo a un muchacho. Aunque en el momento del ilícito no habría estado armado, según la chica, en la comisaría 14ª le pusieron un cuchillo de acero inoxidable para acusarlo por robo calificado, explicó.
A su lado, María Esther Sivila, hermana de Diego Sivila, también fallecido en el incendio, se sumaba al reclamo de justicia y se quejaba del cambio de destino de su familiar. Queremos que se castigue a los policías porque no abrieron la puerta durante el incendio, dijo.
Mientras los familiares aplaudían en señal de protesta, Sivila recordó que mi hermano estuvo tres meses preso en la comisaría 14ª y después lo trasladaron a la 25ª sin motivo. Nadie nos avisó. Nos enteramos cuando fuimos a visitarlo.
A unos pocos metros, Cirila Aguirre, la madre de Mario Gustavo Miño, también planteaba la necesidad de que se investigue cómo se desencadenó la tragedia. Queremos que no quede impune. Que se sepa quiénes son los culpables porque murieron como perros. Además a mi hijo lo golpearon en la cabeza cuando se estaba quemando, afirmó.
Miño, según la mujer, estaba a punto de ser liberado ya que el juez que entendía en la causa había dispuesto su excarcelación.
Mientras los familiares hablaban con los medios de prensa, un grupo de jóvenes no paraba de tocar sus bombos y redoblantes con la intención de que el gobernador los escuche. Una hora después, un empleado de la delegación de la Gobernación les anunció a los familiares que iban a ser recibidos por el gobernador Reutemann.
Media hora después, el estado de ánimo de los parientes había cambiado. Aída Carbone -madre de Jorge Carbone- fue la primera en hablar con los medios de prensa. Me voy muy agradecida porque el gobernador se comprometió para que la jueza (Susana de Pigliacampo) nos reciba. Además nos prometió que se va investigar lo que pasó. Nos dijo que se van a realizar los peritajes para establecer cómo se provocó el fuego, porque dicen que a los chicos los rociaron con combustible, indicó.
A su lado Cirila Aguirre tenía la misma percepción que Carbone y estaba convencida que el suceso será esclarecido. Confío en la palabra del gobernador de que el caso no quedará impune. El nos dijo que van a castigar a los policías que sean culpables, dijo.
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La Ciudad
