Raúl Eugenio Zaffaroni, interventor del Instituto Nacional Antidiscriminación (Inadi), notable penalista, experto en fuerzas de seguridad y policiales y uno de los más destacados intelectuales del Frepaso, vendrá a Rosario la semana entrante para designar a los delegados locales del organismo. Se dispone a presentar tratado de derecho penal que, aclara, no es una simple corrección de otro anterior de su autoría sino una completa reescritura, que se propone dar vuelta como un guante los viejos conceptos, en la convicción de que aplicar el poder punitivo no es hacer el bien sino apenas escoger el mal menor. Más que para disuadir a los delincuentes, dijo, la ley penal cumple la función de enroscarle la víbora al público, ofreciéndole umbrales mínimos de tranquilidad. Dijo que no cree que jamás lo nombren en el área de seguridad porque me convertiría en el líder político de los policías y destacó que es imprescindible e imperioso que a estos se les permita sindicalizarse.
El tratado que escribí hace veinte años -explicó-, refleja las ideas de hace treinta años. Y ahora se están discutiendo otras cosas. Fundamentalmente se ha puesto en cuestión el mismo poder punitivo del Estado. Hasta qué punto es legítimo. En estos treinta años eclosionó la sociología que se ocupa de cómo funciona el sistema penal que aporte una serie de datos innegables: la selectividad del sistema penal, que atrapa siempre a los infelices, su alta vulnerabilidad a la corrupción, su enorme violencia. Hoy se percibe que aquella selectividad, corrupción y violencia son estructurales. Que por más evolucionado que sea un sistema penal, siempre se encuentran, hasta en Suecia. Y esto, lógicamente, pone en duda toda una serie de afirmaciones, de lo que hace treinta años eran certezas. Hoy está en cuestión la función del penalista. La pregunta del millón es: ¿cómo operamos con este aparato aquí y hoy, y cómo interpretamos la ley para aplicarla y qué función cumple lo que estamos haciendo? Es por eso que en el nuevo tratado invertí el planteo, apuntando a que el poder punitivo deje de ser ejercido por el poder judicial.
-Si ejercer el poder punitivo deja de ser la función primordial de la judicatura, ¿cuál debiera ser?
-Debe contener, pues si eso no se produce, el Estado de derecho desaparece. La función del derecho penal no debe ser legitimar penas, sino reducir y contener el ejercicio del poder punitivo. Seleccionar grados de irracionalidad, indagar acerca de cuál es el grado de irracionalidad intolerable, cuál es el poder punitivo que no podemos dejar filtrar y cuál el que sí. Sobre esa base reconstruí toda la teoría del derecho penal. Naturalmente, esto cambia todo el planteo: si tengo que establecer el grado de irracionalidad, no puedo tirar por la borda el esfuerzo de 800 años de elaboración. Pretendo usar todo ese arsenal técnico para colaborar en la reconstrucción del derecho penal desde la nueva perspectiva.
Un derecho penal reductor
-En el plano de la vida cotidiana, ordinaria, ¿no podría haber una Justicia más ágil, quizá de otro tipo?
-La tendencia es ir hacia un derecho penal reductor, que ponga garantías, límites y reduzca el poder punitivo. Porque el modelo de poder punitivo no resuelve el conflicto, ya que lo primero que hace es sustituir, dejar afuera a una de las partes, que es la víctima. La intervención punitiva sólo cuelga el conflicto. El poder punitivo es el equivalente al poder bélico en el tiempo de la política. Y los penalistas somos la cruz roja de ese tiempo.
-Antes de que asumiera el gobierno de Fernando De la Rúa, se suponía que se le iba a confiar un papel respecto a las fuerzas policiales y de seguridad, que viene estudiando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál cree que es el papel de las fuerzas policiales en el aparato penal?
-Jamás de los jamases me van a dejar tener nada que ver porque de inmediato me convertiría en el líder político de los policías (ríe). Si se observa cómo opera el sistema penal, se ve que los criminalizados pertenecen a una clase social, los victimizados también y los policisizados igual. Y uno deja que se maten los integrantes de los estratos más bajos, se le generan contradicciones con el fin de que no se puedan coaligar y adquirir protagonismo. Para revertir esta situación, lo primero que hay que hacer es permitir que los miembros de las fuerzas de seguridad se sindicalicen. Algunos dicen que los sindicatos que surgirían quedarían en manos de la derecha, puede ser, pero incluso así no pasaría mucho tiempo antes de que la situación cambiase. Los sindicatos son, como lo demuestra la experiencia europea, los únicos medios de que los policías adquieran conciencia profesional. Porque, aparte de la penuria de sueldos bajos, los policías están, profesionalmente hablando, sometidos a dos grandes riesgos: uno es el entrenamiento defectuoso, y el otro que sufren una dictadura interna.
Una justicia contra los genocidios
-¿Es posible conformar un proyecto de justicia penal internacional para reducir los genocidios?
-Al menos en un sentido es útil. Su principio universal tiene ya 200 años, pero tiene que haber un órgano que la regule. Y hay otro problema: no porque la justicia penal se internacionalice va a dejar de ser poder punitivo. Hay que tener en cuenta que aunque haya un tribunal penal internacional, sólo va a poder encarcelar a un genocida después de que haya perdido el poder. E incluso hay que tener en cuenta que en una de esas hay que sentarse a negociar con el genocida. Porque creo que hay hechos que exceden el ámbito del derecho penal. Si alguien me puede decir cuál es la pena que le corresponde a Hitler; creo que se salió del marco. Entre la esencia de Nüremberg y la de Dongo (donde colgaron a Benito Mussolini y a su amante, Clareta Petacci, en abril de 1945) me parece que no hay mucha diferencia.
La Ciudad
