El gobierno provincial deberá poner un cepo sobre el gasto público para cumplir con el pacto fiscal celebrado con la Nación. El gobernador Carlos Reutemann anticipó que quedaron congelados los nombramientos de personal en la administración santafesina, salvo en los casos en los que se produzcan vacantes. Las cuentas fiscales finalizarán el ejercicio anual con un déficit levemente superior a 100 millones de pesos, una cifra similar a la que se preverá para el presupuesto del 2001, de acuerdo al proyecto que será remitido en los próximos días para ser tratado por la Legislatura en sesiones extraordinarias.
Reutemann calificó ayer como un gesto patriótico la adhesión santafesina al pacto fiscal, y admitió que firmó el compromiso por una fuerte presión del gobierno nacional, al cual criticó por no haber efectuado su propio ajuste, en particular en educación y en el área de desarrollo social, donde la Nación transfirió todas sus prestaciones a las provincias
El Lole y su ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier coincidieron en señalar que el acuerdo rubricado anteayer significó un mal menor para la administración santafesina, al revelar que los borradores que presentó el gobierno nacional en primera instancia incluía un planteo de reducción del gasto, finalmente desechado.
Todo queda congelado. Ahora lo vamos a estudiar con precisión y quizás los nombramientos estén en base a las jubilaciones que se vayan sucediendo en la provincia, reveló ayer el Lole, pero destacó que en última instancia quedó una cláusula, fijada en el último día de negociaciones, que permite excepciones en caso de una situación muy comprometida, previa discusión con el gobierno nacional.
Cuidar el presupuesto
Como resultado de lo firmado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la provincia deberá replantear sus previsiones de gastos, que preveían una leve expansión para atender las áreas esenciales. El gobierno lleva por delante una negociación con el Banco Mundial para obtener la refinanciación a largo plazo y baja tasa de una deuda comercial por 250 millones de dólares, y las metas fijadas por la provincial para acceder al dinero fresco y a largo plazo se deberán adecuar para que entren en sintonía con el pacto fiscal.
El proceso de privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) también sufrirá por partida doble. Por un lado están los inconvenientes de sacarla a la venta en un período complicado desde el punto de vista financiero. Reutemann ya dijo que no la va a rifar por vender apurado, enfatizó ayer Mercier, y destacó que en ese plano la provincia tiene una mejor posición relativa con respecto a Córdoba, que ya asumió compromisos como contrapartida de la transferencia. De todos modos, el ministro de Hacienda advirtió que en caso de concretar la venta, la provincia deberá aplicar fondos para sanear el déficit corriente.
En diálogo con los medios de prensa al término de la reunión de gabinete, Mercier explicó que la provincia avanzará con la eximición de impuestos para los nuevos emprendimientos por el términos de los tres primeros meses y de los aportes patronales (ley 5110) para los sectores industriales en forma escalonada hasta el 2003, pero tomó distancia de la nueva ley de inversiones que Reutemann prometió para el año que viene: No la conozco, sentenció. Aún así, planteó que el compromiso federal contempla un período de discusiones por 120 días para conseguir una armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno, que apunta a eliminar los impuestos distorsivos.
La Ciudad
