El gobierno nacional prometió ayer garantizar el funcionamiento de servicios esenciales para la comunidad durante el paro convocado por todas las centrales obreras. Sin embargo, el sindicalismo rebelde ratificó que no habrá transportes el viernes, en un intento por garantizar el éxito de la protesta (ver página 14). En ese marco, y a título personal, el presidente Fernando de la Rúa calificó de ilegal la huelga.
En esa línea, consideró un contrasentido el paro que comenzará mañana al mediodía y opinó que responde a intereses de la dirigencia sindical (ver aparte).
Aunque el gobierno, a través del vocero Ricardo Ostuni, blandió la posibilidad de declarar ilegal la protesta, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, la descartó de plano para no echar más leña al fuego a la disputa que el oficialismo mantiene con el PJ y la dirigencia sindical.
La CGT rebelde, con el apoyo de la CTA y la Corriente Clasista Combativa, hará una huelga de 36 horas que comenzará mañana al mediodía, con ollas populares, cacerolazos y cortes de calles y avenidas. Por su parte, la CGT oficial encarará su propio paro el viernes, por 24 horas.
El tema del transporte parece ser el que más le preocupa a De la Rúa. Además, quiere que se mantengan guardias en hospitales, clínicas y sanatorios, servicios de luz, gas, teléfonos y correos, como así también un cronograma especial para colectivos, trenes y subterráneos.
Frente a este panorama, el jefe del Estado dijo que el paro sin duda tiene una clara ilegalidad, porque la causa por la que se lo convocó ha desaparecido (ver aparte).
Por su parte, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, se quejó: No es legítimo que en este momento, cuando todo el país está en una dirección de avance, se intente un retroceso.
De la Rúa había derivado en el gabinete la posibilidad de declarar ilegal la huelga, pero Colombo descartó esa alternativa. Aunque advirtió que las amenazas de cortes de ruta o de piquetes están fuera del marco de la ley.
En tanto, los ministerios de Trabajo e Interior coordinarán esfuerzos para garantizar el derecho de quienes quieran trabajar.
Además, el gobierno teme que se produzcan ataques a medios de transporte para garantizar la paralización de ese servicio, como ocurrió ayer cuando fueron dañados colectivos y taxis (ver página 14).
El ministro del Interior, Federico Storani, señaló que se tratará de mantener el máximo de tranquilidad y de garantizar la seguridad pública, así como la prestación de servicios esenciales mínimos.
En casi todas las provincias se está anunciando una modalidad distinta, con agitación y cortes de rutas y avenidas, dijo Storani, quien sostuvo que mediante esas prácticas, la gente no estará libre de decidir si adhiere o no a la medida de fuerza.
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La Ciudad
