San Lorenzo. - José Lara es un productor agropecuario que sufrirá, si la ley cumple con su implacable mandato, el remate de una parcela de campo de treinta hectáreas en la zona de Puerto San Martín a raíz de una demanda iniciada por el Banco de Galicia en 1988 por un descubierto de cuenta corriente de 3,42 pesos que le generó una deuda de 80.000 pesos. Según calculó el propietario, la deuda original creció un 2.300.957,60 por ciento.
El damnificado tiene junto a su hermano un campo de 60 hectáreas y durante un tiempo percibió una renta por su alquiler. Esto es una locura total, por un pequeño descubierto, que me notificaron un tiempo después, me inician un juicio y debo casi 80 mil pesos. Me vi obligado a pedir mi propia quiebra y entrar en concurso, con lo que esto significa, enfatizó.
El tema comenzó cuando en 1988 yo cerré una serie de cuentas. Trabajaba con nueve bancos y no me fijaba demasiado en las liquidaciones. En algún momento me quedó en contra un monto de 34 mil australes que se convirtieron en tres pesos con la ley de convertibilidad, calculó Lara.
No cuestiono la deuda, que la había, lo que pongo en tela de juicio es cómo se conformó ese monto y los sucesivos intereses que me hacen ser ahora un insolvente dice.
El hombre denota preocupación y sorpresa y, si bien no tiene la típica estampa de un campesino, su familia forjó en años anteriores un porvenir basado en la tierra. Fue comprando con su familia fracciones de terreno y luego compró maquinarias y arrendó el minifundio a distintos productores. Hoy se moviliza en un auto de los años 70' que compró en dos mil pesos hace un tiempo.
Cuando el cuerpo de la causa empezó a tomar forma me comuniqué con los abogados del banco para informarles que se habían equivocado. Me dijeron que rectificarían el error, pero resulta que sumaron deuda en vez de arreglar los números, aseguró.
En el año 1994 tuvo sentencia firme sobre el monto de la deuda y se congelaron los intereses, en ese momento se presentó en concurso en el juzgado en lo civil y comercial de San Lorenzo a cargo de Marta Rucci. A medida que el juicio sumaba fojas empezaron a cruzarse oficios y exhortos de parte de jueces que atendían la causa.
No hay documentación
El 26 de noviembre de 1996 el banco envió al tribunal sanlorencino un oficio donde admitía que la cuenta en cuestión había sido cerrada en 1988 y no podía brindar información relacionada. Esto quiere decir que en el banco no hay documentación ni antecedentes de la cuenta por la cual me exigen el pago y por ley deben guardar la documental diez años y ya en el 96' no tenían nada se indignó el damnificado.
La jueza nombró un perito contable para determinar la deuda real de la cuestionada cuenta, esta pericia determinó que la planilla practicada por el banco no corresponde a lo resuelto en la sentencia, por cuanto el banco tomó como capital inicial un monto mayor a lo adeudado y no se sabe que método utilizó para actualizar la deuda inicial. Lugo del concurso tomó la quiebra la jueza de 12ª nominación Lucía Assef.
La jueza Assef no se comporto cómo es debido, creo que esta es una injusticia realizada por la Justicia. Entre el síndico y los diferentes juzgados he puesto mucho dinero en una cuenta judicial, para de esa forma ir saldando deudas, pero igual me reclaman, aseguró.
Lara apeló a la Corte Suprema de la provincia, pero su pedido fue rechazado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones provincial. La Cámara dice que no corresponde apelar y da el juicio como válido, ya que no contemplan la conformación del monto sino la planilla con la deuda, explicó.
Lara aún no recibió la cédula de remate, pero sabe que el futuro de su campo peligra ante el martillo judicial y está dispuesto a seguir la batalla judicial.
La Ciudad
