Casilda. - La Asociación de Abogados del Departamento Caseros consideró como una inadmisible intromisión en el quehacer de la Justicia la actitud del intendente Eduardo Rosconi y los ediles Juan Carlos Bacalini (PJ) y Mauricio Plancich (UCR), quienes compraron en una subasta un inmueble para evitar que una familia casildense quedara en la calle. La entidad manifestó en un comunicado su desacuerdo con lo realizado a mediados del mes pasado por los funcionarios, pese a que en su momento fue reconocido por la comunidad como un acto de solidaridad.
La postura adoptada por esa entidad molestó a Rosconi (ver aparte) y a los ediles que el pasado 19 de octubre participaron de un remate y adquirieron una vivienda en 2.700 pesos tras hacer desistir de la operación a otros oferentes que estaban dispuestos a pagar un precio más alto.
De esta forma posibilitaron que la casa, si bien fue comprada a nombre de Bacalini, quedara en manos del propietario y su familia. La subasta se produjo a raíz de un crédito hipotecario que tomó el dueño de la vivienda y que no pudo cancelar debido a los altos intereses.
Durante el acto de remate se suscitó una acalorada discusión en la que los políticos cuestionaron a los potenciales compradores de la propiedad por tratar de hacer negocios con la desgracia ajena, como publicó La Capital el 21 de octubre.
En se clima y ante la presencia de la titular del juzgado interviniente, Graciela Abraham, el intendente llegó a ofrecer sus muñecas para ser esposado por el grupo de policías que intentaba poner orden en los pasillos del tribunal, aunque no fue necesario llegar a esa instancia.
Finalmente los políticos lograron comprar la casa con el dinero que juntaron por medio de una vaquita que también contó con el aporte que hicieron el resto de los concejales locales y otros funcionarios.
Un mes después de ocurrido este episodio, la junta directiva de la Asociación de Abogados del Departamento Caseros salió al cruce para reprobar la actitud de los políticos casildenses y todo acto que pueda obstaculizar el accionar de la Justicia, provenga de donde provenga dicha acción turbatoria, según se sostiene en el último párrafo del polémico comunicado.
No avalamos la injusticia
Los profesionales aclararon que no avalan situaciones concretas de injusticia social que deben ser resueltas conforme a las disposiciones constitucionales y legales.
Este comunicado no es en contra de nadie sino en defensa de la plena vigencia del estado de derecho, dijo el titular de la Asociación de Abogados, Miguel Buzey, para agregar que surgió como consecuencia de una nota publicada en un periódico local, donde se desprende que se produjeron interferencias en el acto de subasta.
El remate es el cumplimento de una orden judicial emanada de una sentencia. Como abogados no podemos convalidar situaciones que no se condicen con el ordenamiento jurídico, remarcó Buzey, y agregó: Entendemos lo emocional, pero no podemos justificar esto fríamente si el remate no se desarrolló normalmente.
Buzey reconoció que Bacalini se convirtió en un oferente más, aunque, sin embargo consideró que lo hizo en forma anormal. El abogado sostuvo que lo correcto es que todos los postores hubiesen gozado de total y absoluta independencia y que no se produzca ningún tipo de interferencia como en este caso.
Rosconi, Bacalini y Plancich señalaron que su actitud, criticada por los abogados, fue espontánea y con el único objetivo de evitar que una familia pierda su vivienda. Se sintieron molestos con el comunicado y sostuvieron que la Asociación de Abogados tendría que haber preguntado cómo ocurrieron los hechos antes de hablar sobre la base de un artículo periodístico.
Rosconi dijo que en ningún momento la intención fue perturbar el remate sino tratar de comprar la casa para que una familia no quede desamparada, y agregó: Estaban los secretarios y la jueza y nadie nos llamó la atención. Es llamativo;nos cuestionan a nosotros, pero no dicen nada de las entidades que llegaron incluso a detener remates.
La Ciudad
