Los familiares de los presos que murieron y resultaron heridos en el incendio del penal de la comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez presentarán hoy un escrito en una fiscalía penal a fin de que se brinde protección adicional a los sobrevivientes del desastre, en el que doce personas perdieron la vida, algunos de ellos mientras aguardaban la efectivización de la orden de liberación judicial. En ese recurso pedirán que los presos en cuestión sean trasladados a dependencias no policiales.
El pedido, patrocinado por los apoderados legales de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), también apunta a que ninguna instancia de la policía provincial, como la División Judiciales o Asuntos Internos, tenga influencia en la investigación judicial. Hasta ahora once presos, que estaban en los calabozos de la 25ª el pasado martes, fueron imputados de incendio intencional seguido de muerte. Lo que, para los dirigentes de la CTC, implica cargar el peso del desastre en los que fueron sus víctimas potenciales, diluyendo la del Estado provincial.
Hasta ahora, a raíz del incendio registrado el miércoles doce personas perdieron la vida: Mario Gustavo Miño; Gustavo Javier Monzón; Pablo Ismael Avalos; José Mario Rolón; Juan Alfredo Udi; Arnaldo Ojeda; Daniel Oscar Alvarez; David Rodríguez; Jorge Capiaqui; Jorge David Carbone; Hugo Daniel González y Diego Sivila. Estos dos últimos, según aseguraron sus familiares, tenían orden judicial de excarcelación.
Solamente uno de los internos de Pueblo Nuevo permanecía ayer en el Hospital Clemente Alvarez. Es Miguel Espíndola, quien tiene chances de sobrevivencia, pese a que sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo.
Todo fuera de la ley
Todo es antirreglamentario en los penales de las comisarías. Nada de lo que ocurre en las seccionales condice con lo que requiere la ley respecto de los detenidos. La afirmación del criminólogo Daniel Cuenca pretende sentar las bases para delinear un panorama sobre el sistema carcelario en Rosario, donde hay más de 1100 detenidos alojados en 51 comisarías y dos alcaidías. Cuenca, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, indicó que con las condiciones de hacinamiento y de vida que impera en las seccionales, es imposible no prever respuestas violentas por parte de los detenidos. Y que más allá de la responsabilidad penal sobre el hecho puntual ocurrido el miércoles pasado en la comisaría de Pueblo Nuevo, la responsabilidad final es del Estado que debe garantizar el cuidado de los internos.
Las recomendaciones de las Naciones Unidas, del año 55 „en las que se basa la ley de Ejecución Penal de la Nación, de 1996, a la que adhiere la provincia de Santa Fe„ contemplan la división de penales para los detenidos procesados, condenados y los contraventores (que trasgredieron el código de faltas), tiende al alojamiento en celdas individuales y establece que debe haber tiempo para educación y esparcimiento.
Respecto al trágico final del motín de Pueblo Nuevo, indicó que independientemente del resultado de la investigación, de la que se desprenderá la responsabilidad de los internos y del personal policial hay una responsabilidad final del Estado que es básica, ya que es responsable de la gente detenida.
Lo que ocurre en las seccionales se aparta de todo lo previsto, porque no son los lugares definidos por la ley. De ahí en más, todo es antireglamentario. Aquí hay un principio básico que está roto, indicó Cuenca.
Las seccionales deberían ser un lugar de detención transitorio. Luego los presos, al ser procesados, deberían ser derivados a lo que originalmente fue la cárcel de encausados, indicó el docente.
Para Cuenca, el problema de base es la función de los penales policiales. Los detenidos en comisarías responden a una emergencia, son sectores parias. La crisis le ha impuesto a la policía funciones que no le son propias. La única solución es erradicar esos penales, incluso los de Jefatura. No es una función policial cuidar a los presos. En este tema no hay términos medios, destacó.
Elabogado señaló que además del hacinamiento en el que viven los detenidos en los penales policiales, esos lugares tampoco cumplen un régimen de actividades apropiado. En lugares para cinco hay 12 detenidos y además de salir al patio, cuando hay patio, todo el tiempo es de ocio. Todo hace a la problemática, no sólo el hacinamiento y la mugre. Y en esas circunstancias, todo propende al conflicto. En enero, con cuarenta grados de calor y en esas condiciones de detención, nadie podría resistir ponerse violento, explicó. Esta es una situación que se prevé una y otra vez hasta que en algún momento estalla, precisó.
Ante el colapso, la respuesta más frecuentes del poder político es el anuncio de la construcción de nuevos penales. El tema es quien va a cumplir con esa promesa, que no es nueva. Cuando ocurren hechos hay responsables y la situación carcelaria no ha cambiado en años. Debe haber responsables de la inacción en este tema también, indicó el abogado.
En este punto, señalo que los debates actuales marcan una política contradictoria. El Estado quiere más presos, pero no tiene lugar donde alojarlos. Hay una política de infraestructura que se queda en una expresión de deseo, expresó. E indicó que en el marco de los debates actuales, por un lado se tiende a aummentar las penas de los detenidos o demorar su excarcelación „con la propuesta de derogar la ley del dos por uno, o rever los regímenes de excarcelación„ y por otro lado no prevé la construcción de lugares para alojamiento.
La Ciudad
