A cuatro días de la tragedia que cobró 12 vidas en la seccional 25ª, los familiares de los sobrevivientes entregarán en las próximas horas un pedido de hábeas corpus en la fiscalía que interviene en la causa porque creen que la integridad física de estos internos no está garantizada. En el pliego que presentarán con la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) solicitarán el traslado de los reclusos a instalaciones que no dependan de la policía provincial, que no sea esta fuerza la que esté a cargo de la investigación y que la Justicia deslinde si hubo responsabilidad policial en el hecho.
Los familiares y el organismo de derechos humanos pretenden que el peso de la investigación no caiga sólo sobre los reclusos, once de los cuales fueron anteayer fueron imputados en la causa. Se trata de la última derivación judicial del desastre que se desató el pasado miércoles 16 de noviembre en las celdas de la seccional de Pueblo Nuevo, donde 26 internos quedaron encerrados en un calabozo en llamas tras un intento de fuga.
Temores
Con el paso de los días, 12 presos perdieron la vida „el último deceso se produjo ayer (ver aparte)„ y el caso se convirtió en la mayor tragedia carcelaria provincial. Desde entonces se formularon dos explicaciones contrapuestas sobre el origen de los acontecimientos. La policía dice que los presos encendieron el fuego porque se frustró la evasión. Los familiares sostienen que lo hicieron para que cesara la represión policial.
La presentación que la CTC radicará ante la fiscal María Iribarren será un recurso de hábeas corpus correctivo por agravamiento de las condiciones de detención, que se fundamenta en irregularidades detectadas por los allegados a los internos. Además, se requerirán traslados por temor a represalias.
Familiares de los reclusos alojados en la seccional 17ª revelaron a la CTC que éste y otros detenidos fueron víctimas de apremios ilegales. La madre del preso Ezequiel Arroyo asegura que lo comprobó ella misma el jueves pasado durante el horario de visita. Dice que observó los golpes en el cuerpo de su hijo y que éste le confesó que los estaban apretando.
También los parientes de Sergio Pablo Frías, de 28 años reaccionaron con indignación por la cantidad de policías que custodian al preso, que se recupera en una sala común del Hospital de Emergencias (Heca). Según los dichos de los familiares, lo rodean cinco policías y él no se anima a hablar, indicó Antonio Tesolini, de la CTC.
Los presos fueron imputados en la causa por tentativa de fuga e incendio intencional seguido de muerte que investiga la jueza de Instrucción Susana Portillo de Pigliacampo. Pero la magistrada también debe determinar cuál fue la actuación policial y por eso los familiares de los detenidos temen posibles represalias o intimidaciones de parte de los uniformados. Y consideran que mientras permanezcan en sedes policiales no estará garantiza su integridad física.
Por este motivo solicitarán que sean trasladados a dependencias no policiales, que podrían ser del Servicio Penitenciario, de la Policía Federal o de Gendarmería.
El petitorio incluye a los presos Daniel Grande y Sergio Frías, internados en el Heca; Pablo Petri, Diego Alomar, Carlos Giménez, Ezequiel Arroyo y Jorge García, alojados en la seccional 17ª; Sergio Fuentes, Marcelo Espíndola, y Gabriel Martínez, detenidos en la comisaría 14ª; Diego Bay, ubicado en la 19ª y Martín Andreotti, trasladado a la seccional 1ª.
Por otra parte, en el mismo escrito la CTC requerirá que las pericias y medidas de la investigación judicial no estén a cargo de la policía santafesina sino que se busque otra instancia que de un marco de imparcialidad. No puede ser que la policía se investigue a sí misma, razonó Tesolini.
En busca de las causas
Por último, pedirán a la fiscalía que investigue si hubo responsabilidad policial en el siniestro. Lo que hay que investigar son las causas de la muerte, cómo actuó la policía. Vamos a pedir a la fiscal que oriente la investigación en ese sentido, resumió Tesolini, quien cuestionó la carátula de la causa.
Los imputados son los mismos internos, siendo que es responsabilidad del Estado garantizar la vida de los presos, independientemente de si ha habido o no un intento de fuga. Pero como está encaminada la causa, es obvio que para la jueza es más importante investigar si hubo tentativa de fuga que las circunstancias que causaron la muerte de 12 personas. Esto demuestra la valoración que tiene el Poder Judicial acerca de los derechos de los detenidos, analizó el vocero de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.
La Ciudad
