Quiénes y cómo provocan un daño económico al país es una cuestión que depende del cristal con que se lo mire. Y la reforma previsional que impulsa el gobierno es un claro ejemplo en este sentido. Mientras el presidente Fernando de la Rúa argumenta que quienes se oponen a la iniciativa causarán un perjuicio grave a la Argentina, acosada por un déficit fiscal insostenible, los detractores de este cambio en el régimen jubilatorio se preguntan por qué se echa mano de una medida de tan largo alcance para cubrir una contingencia coyuntural como es cumplir con los compromisos de la deuda externa con los organismos internacionales de crédito.
Unos y otros se preocupan por los efectos que provocará la medida pero el foco no es unívoco: de un lado están los acreedores y del otro, los argentinos.
En medio de una discusión que no termina de lograr los consensos necesarios, los futuros jubilados miran atónitos cómo se les esfuma el derecho a cobrar los 200 pesos básicos que el Estado debía aportar como garante de la previsión social, según la ley previsional 24.241 sancionada en 1994.
El gobierno de De la Rúa intenta salvar las papas para que el año que viene el país no entre en default (cesación de pagos) y apuesta a que esta medida sirva para provocar un ahorro fiscal capaz de garantizar el flujo de fondos del exterior.
Una caja en orden
El argumento oficial para aplicar una modificación del régimen jubilatorio de los argentinos pasa exclusivamente por una cuestión de caja. El abultado déficit del sistema, que se viene arrastrando desde hace años, quedó en el tapete las últimas semanas cuando el equipo de Economía empezó a afinar el lápiz sobre el rojo de las cuentas públicas.
El gasto que por ese concepto realiza el Estado anualmente pasó entonces a formar parte del paquete de recursos susceptibles de ser podados para lograr cumplir con los compromisos fiscales.
A priori, el gobierno piensa ahorrar unos 130 millones de pesos anuales mediante la derogación de la Prestación Básica Universal (PBU) de 200 pesos.
Y aunque los efectos fiscales más inmediatos de esta medida se sentirán a partir del año 2002, los mentores de la iniciativa sostienen que permitirá descomprimir la presión de los mercados y tranquilizar al Fondo Monetario Internacional, lo que redundará en una mejor calificación de la Argentina ante los ojos de los inversores.
Una clara muestra de esta situación fue la decisión del FMI de postergar el envío de una misión que tenía previsto desembarcar el viernes en la Argentina hasta que el gobierno no firme el pacto fiscal con los gobernadores y se apruebe la reforma previsional.
Por otra parte, y en lo inmediato, esta reforma le permite al gobierno atenuar el costo político que podrían causar otro tipo de medidas como el cierre de organismos públicos o ajustes en la administración estatal, que tendrían un impacto directo e instantáneo en la sociedad.
Pero ante esto cabe preguntarse: ¿alcanza este ahorro, tan cuestionado por muchos, para garantizar un desahogo financiero definitivo?
El investigador de la Universidad Austral, Carlos Alonso, consideró que esta modificación que intenta consensuar el gobierno no permitirá cubrir el déficit previsional, sólo podrán achicarlo. Para el especialista, el Estado siempre va a necesitar impuestos del Tesoro nacional para hacer frente al tema previsional porque es un sistema que históricamente viene desfinanciado. Con esto no creo que logren cerrar el hueco, explicó.
Para Alonso, cuando se sancionó la ley del 94 no se estudió a fondo los alcances que podría tener para los gastos públicos la instalación de la PBU. Se sabía que se iba a plantear un déficit porque no era proporcional la relación de activos y pasivos y con los años esto se agudizó. Hubo un aumento progresivo de jubilados, creció pero en menor medida, el número de activos aportantes, dijo.
Aunque aclaró que al momento de esta reforma el nivel de deuda externa era muy inferior a la actual y la amortización de los compromisos también, con lo cual la situación era mucho más benévola para la Argentina.
Desde el punto de vista técnico el déficit era más manejable, explicó.
Pero desde 1995 en adelante la deuda aumentó desmesuradamente y frente a eso cualquier previsión se echa por tierra.
Guillermo Mondino, director del Ieeral de la Fundación Mediterránea fue más contundente respecto de las críticas a las garantías estatales sobre el componente fijo del haber jubilatorio (PBU). El sistema implementado en 1994 era ilegítimo de entrada, era regresivo y no se beneficiaban los que menos tienen, precisó.
„Pero la clase media siente que le están sacando 200 pesos del bosillo.
„Le sacan 200 pesos que no sabía si los iba a tener alguna vez, eran incumplibles, se sabía que el país no podía pagarlo. La ley de seguridad social fue mentirosa desde el principio, esto de la PBU salió de la Cámara de Diputados, pero no se podía financiar. En el 94 los legisladores cometieron un error, y los errores se pagan. Lo que estamos haciendo es sincerar un error que se cometió en el pasado.
Causas del aumento del déficit
En rigor, el aumento del déficit del sistema previsional, sobre el cual todos los analistas „partidarios o no de esta nueva reforma„ coinciden, se fue agudizando por varias razones a lo largo de estos últimos años.
Por un lado, la disminución de los aportes patronales surgidos a partir de los sucesivos acuerdos fiscales que se instrumentaron a través de una reducción de alícuotas progresivas anuales para disminuir la carga tributaria y aliviar el costo empresario. Eso representó menores ingresos para las arcas del Estado y fue agudizando el déficit previsional, ya que con estos fondos se financiaban los componentes estatales del régimen.
Por otra parte, este desfasaje no fue reemplazado directa o indirectamente por algún gravamen para compensar este agujero fiscal.
Por otro lado, cayeron los aportes de los trabajadores desde la reforma de 1994 que dejaron de aportar al Estado para destinar sus fondos a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Hasta allí, los dineros que el Estado debía utilizar como un fondo futuro, se dilapidaban en erogaciones corrientes.
Gustavo Mayol, especialista en temas previsionales de Deloitte
Touche, consideró que con la propuesta que impulsa el gobierno nacional, especialmente con la desaparición de la PBU, se termina el déficit crónico del sistema previsional.
Es una medida muy fuerte que apunta a eliminar el déficit estructural que se mantiene e incrementa año a año, agregó Mayol y de esa forma, se desactiva una bomba a futuro.
Para el especialista aunque los efectos no se verán en lo inmediato servirán para sanear las finanzas públicas ya que las obligaciones del Estado también son a largo plazo y el endeudamiento futuro estará respaldado con la contención del gasto a futuro, precisó.
Promover la reactivación
Héctor Zacarías, abogado especialista en temas previsionales de Rosario, coincidió en que el Estado perdió recursos en estos años a través de canales como el trabajo en negro, el traspaso de aportantes al sistema de capitalización, la evasión y la desocupación.
Sin embargo, consideró que la situación caótica del Estado no se soluciona con medidas de este tipo que vulneran los derechos en expectativa como el cobro de la PBU, sino mediante la reactivación.
De esta forma, con mayor actividad económica habrá mayor número de aportantes al sistema y más flujos de fondos para financiarlo, dijo.
Las reforma previsional además de la eliminación de la PBU, que en los hechos significa que todo futuro jubilado dejará la suma fija de 200 pesos (o 230 según el nivel salarial) del Estado que conformaban una parte de su jubilación, suprimirá el régimen de reparto o estatal.
De esta forma, toda persona que empiece a trabajar en forma independiente o en relación de dependencia tendrá que afiliarse a una AFJP, con lo cual desaparece la actual opción del nuevo empleado de elegir el régimen público o privado.
Con esta disposición, el sistema estatal seguirá pagando las jubilaciones y cobrando aportes de los que están afiliados pero no recibirá nuevos.
Un muchacho que empiece a trabajar no cobrará PBU, tampoco prestación compensatoria (PC) ni prestación adicional por permanencia (PAP), los tres actuales componentes de la jubilación además de los aportes, explicó Franklin Quagliato, docente y especialista en temas previsionales. Esa persona va a estar inmerso en la jubilación ordinaria por capitalización y el Estado será una figura totalmente ausente, aclaró.
Esa retirada del Estado en su función de garante del sistema jubilatorio amenaza con convertirse en un punto de conflicto y desatar una catarata de presentaciones judiciales que le sumarán nuevos gastos al Estado.
La abolición del sistema de reparto es una violación flagrante a la Constitución que en su artículo 14 bis expresa que el Estado debe otorgar los beneficios de la seguridad social, explicó el abogado laboralista Héctor Recalde, para quien esto representa además una atentado a la libertad de elección, ya que no deja opciones para que el futuro jubilado elija hacia dónde van y quién le administra sus aportes.
Además, surge la posibilidad de que se establezcan amparos o medidas declarativas contra la violación de un derecho en expectativa, como es el de cobrar un haber mínimo establecido por el Estado, aclaró Zacarías.
Cuando todavía no hay acuerdos precisos para definir si la norma se aprueba por medio de un decreto de necesidad y urgencia o se envía al Congreso para su tratamiento, algunos legisladores de la Alianza están trabajando en un proyecto alternativo que permita modificar la primera iniciativa y hacer algunos retoques en puntos centrales como: eliminar la PBU a partir de sueldos superiores a 700 u 800 pesos y no a todos como estaba previsto inicialmente; mantener el sistema mixto de jubilación, privado y estatal; y finalmente, no modificar la edad jubilatoria de las mujeres que en un primer momento se había dispuesto que aumentara de 60 a 65 años.
Para Recalde, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres va contra todas las políticas de empleo del mundo. Los países desarrollados reducen la edad jubilatoria para propiciar el alejamiento de la gente más grande del mercado laboral y posibilitar el ingreso de jóvenes al mundo del trabajo, explicó.
¿Hasta cuando el país podrá mantener tamaño nivel de deuda pública? ¿A qué costo se hace el saneamiento?, son los temas clave que están en juego detrás de la reforma. La cuestión no está definitivamente cerrada pero ya provoca fuertes alineamientos y posiciones encontradas.
La Ciudad
