Las medidas que Fernando de la Rúa está tratando de sancionar se asemejan a una operación táctica tan torpe como plantear la batalla mandando los soldados de a uno por vez, contra un enemigo armado hasta los dientes: es casi seguro que serán abatidos uno por uno hasta que no queden más reservas y pierdan la guerra. Esto es lo que está pasando con medidas que salen por cuentagotas para complacer a ese ente fantasmagórico que el propio gobierno denomina los mercados internacionales.
El esquema con que De la Rúa pretendió alterar un rumbo de colisión que marchaba directamente hacia la cesación de pagos, tiene un denominador común: preservar la caja para la política.
Primero ajusta con ancianos, reduciendo los ingresos de los jubilados honestos pero evitando meterse con los que gozan de falsos derechos previsionales bajo la forma de jubilaciones de privilegio. Este y no otro es el sentido de la eliminación de la PBU, la elevación de la edad jubilatoria para las mujeres y la intención de empapelar con bonos públicos las AFJP sacándoles 3.000 millones para gastos estatales.
Segundo, anuncia desregulaciones ya decididas, como las obras sociales que nunca terminan de pasar del dicho al hecho para no enemistarse con los poderosos dirigentes sindicales y lo mismo sucede con la eliminación gradualista del impuesto a los intereses bancarios.
En tercer lugar, relaja la disciplina presupuestaria, aumentando el déficit del presupuesto del año próximo llevándolo de 4.100 a 6.700 millones e irresponsabiliza la ley de responsabilidad fiscal sancionada hace dos años, pateando el compromiso del déficit cero hasta el 2005.
El cuarto punto es que ignora la reactivación económica, que queda como un recuerdo allá lejos y hace tiempo. En todo el programa no hay ninguna medida para las pymes, nada para el agro, ninguna previsión para alentar la creación de puestos de trabajo y ominosamente tampoco ni una palabra para reducir el gasto público que se está disputando ferozmente entre políticos del justicialismo y la Alianza.
Los estados de ánimo
Un plan con ingredientes tan agresivos contra la sociedad nos lleva a pensar que las máximas autoridades del país no entienden lo que está pasando, que si lo entienden no saben cómo solucionarlo, pero que si lo entienden y saben, no les interesa hacerlo porque afecta intereses políticos o particulares que les importan más que el bien común de la población.
Azorados y condolidos los argentinos estamos presenciando una encarnizada guerra de clases, pero no en el sentido marxista que presagiaba la lucha entre trabajadores y capitalistas, sino la lucha entre una dirigencia política contra la sociedad civil.
Día a día comprobamos la insensatez de quienes sólo se preocupan por mantener la caja política o la caja sindical para seguir viviendo a expensas de quienes producen bienes y servicios.
Por eso un día se desgañitan diciendo que no pagarán la deuda pública, pero cuando perciben el olorcito del blindaje financiero de 20.000 millones dicen que el FMI ha enternecido su discurso y ahora se preocupa por la cuestión social. Pura hipocresía y cinismo, porque lo único que interesa es mantener el statu quo, lograr créditos para sobrevivir algunos años, patear la pelota para adelante y tratar de que sean otros los que paguen los platos rotos.
Esta apreciación está tan vívida en la mente de los ciudadanos que estamos a un paso de entrar en un período de recusación de obediencia a las autoridades, con rebeliones fiscales e intentos anárquicos de sálvese quien pueda.
Discurso contrafáctico
Para salir de este ambiente viciado, imaginemos un soplo de aire fresco y que el presidente Fernando de la Rúa hubiese percibido esa realidad clamorosa.
Esta es una hipótesis ficticia, que intenta presentar qué hubiese ocurrido si el mensaje presidencial hubiese sido distinto. A esta hipótesis la denominados discurso contrafáctico es decir contrario a los hechos.
Supongamos que así hubiese hablado: Ciudadanos, nuestra patria está en situación grave, amenazada por la desconfianza internacional. Quienes nos prestaban dinero no nos creen más y no están dispuestos a seguir haciéndolo porque lo despilfarramos en gastos inútiles y luego berreamos para no devolverlo. Esta vez „seguiría diciendo De la Rúa„ no hablo a mi pueblo, estoy dirigiéndome a la clase política en representación del pueblo. Ese pueblo, su gente, sus empresas y sus familias que no aguantan más este desorden político, este despilfarro de dinero, esta manifestación de frivolidad suicida con que los dirigentes políticos nos mostramos diariamente.
Las empresas no pueden ganar dinero porque las hemos esquilmado con impuestos. Los trabajadores no encuentran trabajo porque hemos complicado tanto las leyes y las cargas sociales que nadie se anima a contratarlos para terminar maldiciendo la hora en que se le ocurrió brindar una oportunidad a un compatriota que necesita trabajo. Los jubilados se ven despojados de la legítima pensión que les permita una vida digna porque hemos metido la mano en la lata previsional para atender a los favoritos de turno con jubilaciones indignas. Los hogares se ven amenazados por una delincuencia a la que irracionalmente hemos beneficiado con leyes en favor de los criminales menospreciando las humillaciones y el dolor extremo de las víctimas.
Hemos convertido las escuelas en sitios para experimentaciones pedagógicas absurdas que desnaturalizan la autoridad de los maestros, alientan la indisciplina de los alumnos y fomentan la complicidad de los padres facilistas que sólo pretenden que contengan a sus hijos y que pasen por la escuela sin esfuerzo y con mínimas exigencias.
Los médicos y enfermeras de hospitales públicos se ven asediados por nombramientos políticos de personas que no cumplen con sus tareas y que sólo sirven para quitarle el poco dinero que destinamos a la atención directa de la salud. Mientras tanto mantenemos ministerios inútiles repletos de gente cuyo trabajo no agrega valores.
Por eso en nombre de todo el pueblo, me dirijo a la clase política y señalo las medidas que acabo de firmar a través de un decreto de salvación nacional, sin aceptar maniobras parlamentarias para evitar el saneamiento del Estado. Primero quedan eliminados todos los cargos transitorios y permanentes que no cumplan tareas claras, específicas y relacionadas con problemas concretos. Segundo quedan anuladas las jubilaciones de privilegio y sus haberes serán pagados en proporción a los aportes reales que sus beneficiarios hayan realizado. Tercero, quedan derogadas las facultades de los legisladores nacionales y provinciales para otorgar subsidios y pensiones graciables porque su función no es repartir dinero a sus amigos y familiares. Cuarto, el parlamento verá restringido su presupuesto a una proporción equivalente al del Congreso de EEUU donde cada estado tiene un sólo senador.
En quinto lugar, se inicia una profunda reforma administrativa eliminando reparticiones que no sean estrictamente indispensables y sus edificios serán vendidos públicamente para constituir un fondo que permita rescatar a la tasa del 3 % anual la totalidad de las deudas bancarias impagables del sector agropecuario y de las empresas de capital nacional.
Sexto, para no causar problema a los buenos empleados públicos que cumplían tareas inoperantes, inútiles o duplicadas, se los pasará a situación de retiro activo, asimilados al personal militar, percibiendo hasta la edad jubilatoria una remuneración disminuída que será financiada con un crédito especial que solicitaré a los organismos internacionales de crédito. Todas estas medidas deberán alcanzar una cifra no inferior al 15 % del gasto público consolidado del corriente año y este monto, estimado en 15.000 millones, será aplicado a eliminar impuestos distorsivos, la reducción del IVA al 10 % y la disminución de la tasa de ganancia al 17 %, eliminándose todos los demás.
Señores políticos de la oposición justicialista y de la Alianza, esta es la hora de la verdad, hemos llegado a una situación límite y no podemos exigir más a un pueblo agotado y exhausto. Si ignoramos este mensaje, la clase política en su conjunto cometerá un delito de alta traición que trataré de impedir con toda mi autoridad.
Esta vez somos nosotros los que debemos dar el ejemplo de solidaridad. Desde ahora y para siempre tenemos que ser responsables de nuestros actos y entender que nuestra tarea se resumen en una sólo frase: Servicio a nuestra gente. Nada más y muchas gracias....
¿Qué hubiese sucedido en nuestra Argentina si se hubiese pronunciado este discurso contrafáctico?
La Ciudad
