El peronismo comenzó a mostrarle al presidente Fernando de la Rúa su verdadera cara y lo duro que será el camino que ambos recorrerán hasta llegar a las elecciones legislativas del 2001.
Ni el más optimista de los justicialistas hubiera imaginado que estaría en la actual posición de fuerza frente a la Alianza, luego del estado en que quedó el país tras los dos últimos años de gobierno menemista.
La crisis política que desató la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, sumada a la impotencia del gobierno para revertir una economía recesiva, llevó al PJ a reacomodar como sea sus fuerzas para negociar en mejores condiciones con la Alianza.
La necesidad de generar confianza dentro y fuera del país y lograr el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos y los organismos de crédito internacional hizo que el presidente De la Rúa buscara un nuevo acuerdo fiscal con los gobernadores peronistas y la ley de presupuesto 2001.
Esa tarea, dificultosa en sí misma, se agravó con el paquete de medidas económicas lanzado por el gobierno, que llevó el sello del Fondo Monetario Internacional, ya que implica una profunda reforma en el sistema previsional, con la desaparición de la Prestación Básica Universal, al tiempo que elevaba la edad de jubilación en la mujer a los 65 años.
Frente a ese panorama y a la desesperación del gobierno por sacar el acuerdo cuanto antes, los gobernadores peronistas se colocaron en la primera línea de la resistencia con un claro objetivo: hacerse de la mayor cantidad de dinero posible para socorrer a sus deterioradas economías provinciales e incrementar, de esa forma, el gasto social.
Todos piden
Con un ojo en los mercados y bajo las presiones externas, De la Rúa puso la negociación en manos del hombre fuerte del gobierno, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo, y del ministro de Economía José Luis Machinea.
Fue una semana cargada de tensión y de sentimientos encontrados entre funcionarios y gobernadores, en busca del nuevo pacto fiscal que permita congelar el gasto de la Nación y las provincias hasta el 2005.
En ese punto se llegó a un acuerdo, como también en la aplicación de una suma fija mensual como piso de la coparticipación federal que la Nación debe pagarles a las provincias.
Sin embargo, los gobernadores de la oposición, que se negaron a firmar durante cinco días el acuerdo, quieren una mayor participación en el manejo de los planes sociales, una rebaja de impuestos a la producción y que no sean congeladas las obras financiadas con créditos del Banco Mundial.
En otras palabras, quieren un reaseguro que les permita llegar sin sofocones al final de sus mandatos en el 2003 y con la ayuda de la Nación.
Salta a la vista que el poder político del presidente se debilitó a partir de la salida de Chacho Alvarez y que esto es aprovechado por el peronismo. Pero los hombres de negocios estaban jugados al acuerdo y las presiones se sentían no sólo sobre el oficialismo.
Cuando parecía todo perdido y el gobierno firmaba el acuerdo con los mandatarios provinciales de la Alianza, los gobernadores del PJ comenzaron a recibir mensajes desde lo más alto del poder económico nacional, del FMI, el Banco Mundial y hasta del Tesoro de los Estados Unidos, cuyo secretario Larry Summers se comunicó un par de veces con De la Rúa, quien ahora se encuentra en Panamá por la Cumbre Iberoamericana de presidentes.
Summers le hizo saber a De la Rúa la preocupación de su país por la falta de acuerdo, lo que elevó aún más la angustia presidencial.
Esas presiones derivaron el viernes en un comunicado de los gobernadores de la oposición, al término de la última reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde fijaron su propio acuerdo, que tiene varios puntos en común con la propuesta del gobierno.
Por esas horas, el FMI hacía saber que no sólo demoraba su misión a la Argentina sino que se postergaba el blindaje financiero que reclama a gritos el gobierno nacional, para mostrar solvencia en el exterior y capacidad de pago para sus deudas.
En realidad, también contribuirán a ese blindaje el Banco Mundial y el BID, como también entidades financieras locales y las AFJP, por una suma cercana a loa 20 mil millones de dólares.
Otra de las figuras que ayudó con su presión en la búsqueda de un acuerdo fue Domingo Cavallo, quien le describió al gobernador cordobés José Manuel de la Sota la gravedad de la situación argentina.
En realidad, los peronistas tienen su propia interna, donde se juegan otros intereses. Un claro ejemplo es el bonaerense Carlos Ruckauf, quien busca un acuerdo paralelo con la Nación con el fin de que su provincia puede tener el oxígeno suficiente como para enfrentar altísimos compromisos financieros antes de fin de año.
Tanto De la Sota como Ruckauf y Carlos Reutemann no ocultan sus mutuas desconfianzas, ya que los tres tienen una carrera política por definir frente a la candidatura presidencial del justicialismo para el 2003.
En la otra punto se ubica el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, el más abierto enemigo del acuerdo que quiere el gobierno.
Su rígida postura y las críticas que efectuó a los gobernadores que intentaban pactar con la Alianza la pagó con el boicot que sufrió la cumbre de mandatarios del PJ de Calafate. La tuvo que cancelar solo un par de horas antes, cuando se enteró del vacío que le esperaba.
Más allá de las peleas, ya no hay mucho más tiempo para esperar el acuerdo entre la Nación y las provincias, que debería llegar antes del próximo miércoles, cuando la Cámara de Diputados comience a tratar el Presupuesto 2001.
Para colmo, De la Rúa tiene que enfrentar a su propia tropa con la reforma previsional. El presidente no tendría otra salida que recurrir al decreto.
Los diputados del Frepaso y algunos radicales no darán su respaldo a la eliminación de la jubilación estatal que regirá desde el primero de enero próximo y los cambios en la edad de la mujer.
Pero como esto también es una exigencia de los acreedores externos, la reforma saldrá de una u otra forma.
El Frepaso está en una etapa de reacomodar sus filas, tras las heridas que provocó la salida de Alvarez de la vicepresidencia. Seguirá en la Alianza, respaldará el acuerdo con los gobernadores y el pacto fiscal; votará con algunos cambios el presupuesto, pero les dirá no a los cambios en las jubilaciones.
No serán días felices los que le esperan al presidente, quien, además de esos frentes, deberá soportar una nueva huelga nacional de todas las centrales sindicales.
Poco valdrá el diálogo que propone la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, a los sindicalistas.
Con el paquete de medidas económicas bajo el brazo, el gobierno no es una atractiva dama para cortejar.
La Ciudad
