Año CXXXVII Nº 49443
La Ciudad
Política
Información Gral
El Mundo
Opinión
La Región
Policiales
Cartas de lectores



suplementos
Ovación
Señales
Economía
Escenario
Turismo
Mujer


suplementos
ediciones anteriores
Salud 11/04
Página Solidaria 11/04
Turismo 08/04
Mujer 08/04
Economía 08/04
Señales 08/04
Educación 07/04
Estilo 07/04

contacto

servicios
Institucional

 domingo, 15 de abril de 2007  
Los ahorristas aún esperan por el cobro de sus acreencias
Ex BID: crónica de una estafa
La causa está en la Corte Suprema. Se espera un nuevo pago en mayo

Claudio Berón / La Capital

Tras doce años de una de las mayores maniobras económico financieras de la historia de la región, que se cumplieron exactamente el viernes pasado, el proceso de quiebra del Banco Integrado Departamental (BID) vuelve a ser noticia: hay un nuevo pago para los ahorristas.

Matilde Sermonetta, una militante en perseguir “a los estafadores” —como suele decir— no cesa con sus pedidos a la Justicia. “Si la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto se expide y la Corte Suprema de la Nación lo resuelve, es posible que en mayo nos reintegren un 13 por ciento más de lo que nos robaron”, dice respetuosa pero con la bronca que dejan los olvidos y las demoras especulativas.

El BID funcionó como banco desde el 30 de noviembre de 1978 y atravesó un proceso de fusiones y absorciones de bancos cooperativos para convertirse en la entidad financiera más importante del sur de la provincia. Diecisiete años después, en la Semana Santa de 1995, el Banco Central (BCRA) comandada por Roque Fernández anunció una suspensión de actividades por 30 días que se extendieron hasta que se decretó la quiebra. El temido principio del fin.

La causa del BID es farragosa y lenta: arrastró 2.300 fuentes de trabajo, 140 mil damnificados y mil millones de pesos/dólares sin destino, de los cuales hay 140 millones dispuestos para ser devueltos a sus dueños. Pero ya no son dólares, sino pesos.

En 1996 un informe técnico que manejó la Justicia Federal estimó que el Central no realizó el control de superintendente. El documento, elaborado por la consultora Harteneck y López, se derivó al por entonces juez federal Claudio Bonadío, que investigó al directorio del BCRA por supuestos fraudes, estafas e incumplimiento en los deberes de funcionario público a directores de la entidad.

En su momento se estimó que los préstamos excedían la posibilidad de repago de las compañías beneficiadas. Por caso, los montos prestados superaban hasta 10 veces el valor de las empresas. Se otorgó un total de 265 millones de dólares y el BCRA giró redescuentos al BID por 174 millones de dólares.

La gran pregunta es que pasó con ese dinero. Se presume que parte de esos fondos fue colocada como préstamos incobrables.

A pesar de estas irregularidades, el BCRA facilitó las fusiones . Así, según los ahorristas el BCRA engañó a los depositantes.



Peleas por el dinero

En mayo del 2000 en la Cámara de Diputados de la Nación la comisión especial investigadora sobre el lavado de dinero, integrada por Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutierrez y José Vitar, concluyó que “de las investigaciones se extrae que se estructuró por parte de los directores/accionistas y funcionarios varios, operatorias ilegítimas, incrementadas a partir de 1993”.

Se desprende que “en agosto de 1995 en plena convertilidad peso/dólar el BID había prestado el 75,11% de su cartera, de 550.229.000 de pesos a solo el 1,14 % de sus clientes —unos 570— lo que indica un promedio por cada deudor de 965.314 pesos. Y sólo el 24,89%, unos 182.380.000 pesos al 98,86%, 49.475 deudores, unos 3.686 peso promedio por cada deudor”.

Muchos de estos créditos fueron otorgados con fondos provinientes de la asistencia que a su vez le brindaba el Central al BID.

La quiebra del BID se inició y sigue en Venado Tuerto. El proceso se abrió el 24 de abril de 1996. En un primer momento se dieron tratativas y negociaciones con otras entidades para salvar al BID y el Central compró parte de las deudas.

Los datos extraídos de un informe de la sindicatura indican que, a la quiebra, “contaba con activos tales como: 53 inmuebles, automotores varios, y una cartera activa de más de 55 mil deudores y acreedores en una cantidad superior a las 21 mil personas”. Según el informe no verificaron sus créditos alrededor de 55 mil acreedores por un monto estimado en 35 millones de pesos.

Los procesados e implicados en la causa BID por asociación ilícita y administración fraudulenta f ueron: Roberto Cataldi, Miguel Arduino, Juan Bautista Melfi, Luis Martinez Rial y Gustavo Machado.

La quiebra involucra casi 1.000 millones de dólares; 400 millones de desfalco a ahorristas, 320 millones verificados en la quiebra en perjuicio del Banco Central y a esta cifra se suman los intereses.

Hasta abril de 2007 los ahorristas recibieron cerca del 40% de sus tenencias iniciales y ahora esperan recuperar el 13 por ciento más de devolución en pesos.

La historia de la causa dice que el juez de Venado Tuerto, Marcos Ferraroti autorizó que se distribuyan entre los ahorristas 140 millones de pesos, esto fue apelado por el Central.

El nudo de la devolución del dinero, en el largo litigio, es que la autoridad monetaria exige privilegios de la quiebra a partir de una compra que hizo de los pasivos, por lo tanto de ese total a repartir, la autoridad monetaria reclama 75 millones de pesos.

La causa subió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe expedirse sobre si corresponde distribuir 140 millones de pesos o sólo 75 millones de pesos y el resto reintegrarlo al Central. No obstante, estaría asegurada la distribución de ese monto.

Si la Corte Suprema se expide a principios de mayo los ex clientes del banco recibirán otra parte de los ahorros que tenían en 1995.
enviar nota por e-mail
contacto
Búsqueda avanzada Archivo


Notas Relacionadas
Doce años de un descalabro




  La Capital Copyright 2003 | Todos los derechos reservados