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 domingo, 06 de agosto de 2006  
Michlig sigue contra las cuerdas

Jorge Sansó de la Madrid / La Capital

"No encuentro sustento político, pero si lo hubiere conmigo se equivocan por partida doble. Yo no soy candidato y tengo toda la documentación que demuestra que me abrieron un causa judicial con mentiras", se defiende el senador por el departamento San Cristóbal y presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig.

En su contra ingresó días pasados un pedido de desafuero firmado por el juez Aldo Precerutti a la Cámara de Senadores. "No vale la pena insistir con este juez cuya animosidad conmigo es pública y notoria. Se trata de un magistrado nombrado por el ex vicegobernador (Antonio) Vanrell, que me la tiene jurada porque muchas veces he criticado su accionar, desde un incendio no aclarado en su juzgado en el que se perdieron causas importantes hasta su más reciente desempeño en el caso de la muerte del policía Capdevilla, que caratuló como suicidio sin haberse presentado siquiera en el lugar del hecho".

Precerutti pide indagar a Michlig por presuntas irregularidades económicas ocurridas durante los 14 años que ejerció como presidente comunal de Ambrosetti, entre 1985 y 1999, denunciadas por el actual presidente comunal de esa comuna, Edgar Arévalo, un vecinalista que asumió en 2003.

"Están diciendo que dejé una deuda de 700 mil pesos dólares como afirmó por televisión el abogado Callejo. Yo tengo el acta de traspaso de mando aprobada por la oposición justicialista de la comisión comunal en la que consta que ese año 1999 hubo ingresos por 1.631.000 pesos y erogaciones por 1.600.000. Es decir entregué la comuna con un superávit de 31.000 pesos. Las cuentas por pagar ascendían a 287.000 pesos y las por cobrar a 341.000", dice el senador.

Michlig afirma que "cuando asumió el mandato el doctor Arévalo, que no me sucedió a mí sino a Carlos Zamora, él viene a Santa Fe y pide asesoramiento. En la Subsecretaría de Comunas de la provincia, una contadora llamada Rosa Juárez le dice que ellos no pueden asesorarlo pero le da una tarjeta de Congecom (Consultora General de Comunas), cuyos dueños son una mujer de apellido Palamedi y Carlos Albamonte, ex funcionario del gobierno de (Víctor) Reviglio que estaba en el Servicio Provincial de Agua Potable Rural (Spar). Ahora bien, esa empresa no está reconocida por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas para hacer auditorías y, sin embargo, la fiscal toma el informe e inicia una causa en el fuero Correccional a cargo del juez Talarico, quien a mí nunca me citó ni me envió cédula alguna. Lo sorprendente es que Palamedi es esposa del abogado Juan José Callejo, un afiliado del PJ, que actualmente se desempeña como empleado de la comuna y asesor jurídico. Y es él quien lleva adelante la causa judicial. Es decir que acá se autocontratan, hacen una auditoría como se les antoja y con eso inician una causa judicial".

Michlig agrega que "hace quince días, la causa pasa al juez Precerutti y firma el 31 de julio una cédula que el 1º de agosto entró a la Cámara pidiendo mi desafuero. Yo me enteré antes incluso porque ya había una radio de Santa Fe que estaba dando el pedido de desafuero antes de que ingresara a la Cámara. El juez Precerutti es el mismo a quien yo he denunciado por el incendio del juzgado del cual es titular y que nunca se aclaró, pese a que se perdieron en el fuego las causas más importantes. En los casos de abigeato, los sospechosos entran por una puerta y salen por la otra, lo he denunciado por las pistas clandestinas, cuestión por la que nunca hizo nada y fue el juez del caso Capdevilla por el que también lo denunciamos".

Por su parte, el actual presidente comunal de Ambrosetti, Edgar Arévalo, le dijo a La Capital que "existen cuentas que deben aclararse de lo que fueron las gestiones radicales en la comuna durante 18 años (mandatos de Michlig y Zamora); por eso hicimos una auditoria privada y ahora la Justicia deberá aclararlo. El senador se podrá defender como corresponde", y dijo desconocer si la consultora en cuestión es propiedad de la esposa del abogado de la comuna que lleva adelante la denuncia.
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El titular del radicalismo santafesino.



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