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 domingo, 16 de abril de 2006  
Quieren evitar el contacto de la población con productos fitosanitarios
Pedirán una zona de exclusión en el uso de agroquímicos en Las Petacas
Ambientalistas y vecinos autoconvocados debatieron sobre los peligros que genera la actividad en toda la zona

Luis Emilio Blanco / La Capital

Las Petacas.- Invitado por la Agrupación de Vecinos Autoconvocados, el biólogo Raúl Montenegro -presidente de la Fundación para el Medio Ambiente- ofreció hace unos días una disertación en esta localidad, ubicada a unos 200 kilómetros al noroeste de Rosario, sobre las consecuencias en la salud humana provocadas por la exposición crónica a pequeñas dosis de productos fitosanitarios, presentes en el agua, la tierra y el aire a causa de las fumigaciones. Según adelantaron los Autoconvocados y el ambientalista, en poco tiempo elaborarán un proyecto de ordenanza para establecer una zona de exclusión de uso de agroquímicos.

En una interesante clase que se extendió por más de dos horas y ante una importante cantidad de público local y de la zona, en la que se destacó la ausencia casi total de funcionarios públicos (a excepción del presidente comunal de Carlos Pellegrini, tres concejales sastrenses y los secretarios de Producción de San Jorge y Sastre), Montenegro explicó con argumentos técnicos y científicos, cómo ingresan al organismo humano los componentes de los agroquímicos que son utilizados para el control de plagas en los sembradíos y sus consecuencias inadvertidas a simple vista, pero reales y peligrosas para la salud del hombre y de las generaciones futuras.

En una entrevista previa a la disertación, el biólogo manifestó que "tras recorrer la población de Las Petacas se evidencia que las actividades están muy mezcladas. En la misma planta urbana coexisten viviendas, escuelas y comercios con 46 depósitos de maquinaria agrícola y otros de almacenamiento de agroquímicos, lo que es incompatible. Al estar tan mezclados, implica que haya mucha gente expuesta y la solución se vuelve más difícil pero no imposible".

"A su vez, esto plantea un problema sanitario más grave ya que están distribuidas por todo el pueblo las fuentes de contaminación. Acá no hay solamente el efecto de los plaguicidas que se usan alrededor del pueblo, sino que hay que sumarle aquellos que en forma accidental, por lavado u otras actividades se registran dentro de ella".


Situación de riesgo
Para erradicar la situación de riesgo, Montenegro indicó que "hay un paso que es mecánico e inexorable y es el de hacer una propuesta de ordenanza para revertir la mencionada coexistencia y establecer además, una franja de protección alrededor del pueblo -que rija también para su interior- donde no se pueda utilizar ningún tipo de plaguicida".

Esta modalidad está siendo actualmente discutida en la ciudad de San Francisco y ya se ha convertido en ley en la zona del barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba.

"El establecimiento de la franja de protección, debe ir en simultáneo con la información a la gente sobre el por qué de la prohibición. Sobre todo porque existen razones técnicas que hacen que las leyes sobre agroquímicos que existen tanto en Córdoba como en Santa Fe, no son efectivas para proteger a la gente", sentenció.

Montenegro destacó la importante función de los ciudadanos para hacer que se cumpla con las reglamentaciones y puso especial énfasis en "dar a conocer que el problema del plaguicida no es solamente el de la Dosis Letal 50 (DL50) que es el criterio con que se clasifica la peligrosidad de los plaguicidas en las leyes y que establece los valores con los cuales una persona se intoxica en forma aguda. El problema está en la intoxicación crónica. O sea que pequeñas dosis de plaguicidas como el glifosato, el endosulfán y 2.4D (utilizados en esta zona), pueden afectar y alterar seriamente el sistema hormonal y el inmunológico".

"Siempre hay que tratar de trabajar junto con el Estado, aunque éste muchas veces necesite algún empujoncito. Mientras no haya una movida por parte de la gente no se actúa con rapidez", dijo. Montenegro y resaltó además que éste no es sólo un problema de Las Petacas, sino que forma parte de uno mucho más general y que el tema de los intereses en juego es relativo porque "son poderosos hasta tanto la gente sepa lo que les hace un plaguicida aún con pequeñas dosis".

Pero Montenegro también se mostró sorprendido por lo que vio en Las Petacas y que lamentablemente se repite en muchos lugares de la zona. "Fui testigo de cosas inconcebibles como que se quemen en el basural envases de plaguicidas clorados como el 2.4 D, es criminal, o que existan acopios de éstos envases a pocos metros de casas de familias, o circulan por el pueblo las máquinas mosquito, también es inaceptable".

"Por eso sostengo que en principio se debe lograr una zona de exclusión para la fumigación que incluya la prohibición de almacenar agroquímicos u otros plaguicidas y la circulación de máquinas fumigadoras dentro de la planta urbana".

"Lo más sensato -continuó- es hacerlo en forma paulatina, atacando los lugares más críticos primero e ir expandiendo la norma y negociar las alternativas entre todos los sectores involucrados, para evitar que se llegue a las acciones penales y civiles contra los productores que no cumplen con las normas y los funcionarios que no controlan que éstas se cumplan", finalizó.
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Envases de plaguicidas son quemados en basurales a cielo abierto de Las Petacas.

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