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 sábado, 26 de noviembre de 2005  
El debate por la nueva reforma educativa española
"Es inconstitucional mantener las clases obligatorias de religión en las escuelas públicas"
Desde Málaga, el pedagogo Miguel Angel Santos Guerra analiza los cambios en las leyes de educación de España

Marcela Isaias / La Capital

La nueva reforma a la educación española atrapa la atención y el debate de propios y ajenos. Es que entre los principales cambios que contiene la Ley Orgánica de Educación (LOE) se incluye el fin de las clases obligatorias de religión católica en las escuelas públicas. Una decisión que a la Iglesia y a su jerarquía les ha puesto los pelos de punta, respondiendo con la organización de una masiva marcha que recorrió las calles de Madrid el 12 de noviembre pasado. Desde Málaga, el pedagogo español Miguel Angel Santos Guerra analiza el alcance de estas discusiones.

Santos Guerra es docente universitario, catedrático de distintos niveles de la enseñanza y autor de una prolífica literatura educativa. Su bibliografía es consultada por los docentes de habla hispana, entre los que se cuentan muy especialmente los argentinos.

El educador no duda en advertir lo inconstitucional que puede resultar que el Estado sostenga económicamente a profesores de religión católica para estudiantes agnósticos o bien de otras creencias; por eso destaca como positiva la decisión de reformar la educación en este sentido.

-Una gran marcha recorrió las calles de Madrid oponiéndose a la reforma educativa que impulsa José Luis Rodríguez Zapatero (jefe del Gobierno español) ¿Cuál es la mayor resistencia de estos sectores: a que se saque la materia religión como obligatoria o a la regulación para las escuelas privadas subsidiadas por el Estado?

-Una gran manifestación como la de Madrid integra a personas con motivos, intereses y demandas diferentes. Pero resulta obvio que se trata de una manifestación de la derecha contra el gobierno socialista y, en concreto, contra la Ley Orgánica de la Educación (LOE), que se va a debatir próximamente en el Parlamento. El Partido Popular y la Iglesia Católica han protagonizado la convocatoria, la manifestación y los réditos políticos de la marcha. El hecho de que la Iglesia haya realizado una campaña descarada desde su emisora de radio (Cope) e incluso desde las parroquias y de que haya enviado a sacerdotes y obispos para situarse detrás de las pancartas muestra claramente su interés de que la asignatura religión sea evaluable y tenga una alternativa que "castigue" a quienes no la eligen. Y muestra algo peor: su injerencia en la vida civil, pretendiendo imponer su credo y su moral a toda la ciudadanía. Pienso que es inadmisible que un país aconfesional mantenga la oferta obligatoria de clases de religión en las escuelas públicas. La formación religiosa debe realizarse en las familias, en las parroquias y en las organizaciones católicas. Téngase en cuenta que el proyecto de ley mantiene las clases de religión en las escuelas públicas, concertadas y privadas. Lo que pide, pues, la Iglesia y la derecha es seguir manteniendo una situación, desde mi punto de vista, inconstitucional: ¿Por qué tienen que pagar los contribuyentes de otros credos o agnósticos a profesores de religión católica? El presidente del gobierno, en un gesto que lo honra, ha mantenido una reunión con los convocantes para negociar diversos aspectos de la ley. Este gesto hubiera sido impensable con el gobierno del señor Aznar (ex presidente del Gobierno). El pueblo estuvo en las calles manifestando su rechazo a la guerra de Irak y no hubo el menor atisbo de escucha.

-En términos generales, ¿qué opinión le merece esta reforma planteada en la LOE?

-Habría que plantearse con seriedad qué es lo que una ley puede hacer para conseguir la calidad en la educación. Porque una ley puede cambiar algunas cosas, pero otras no. No se puede cambiar por ley, por ejemplo, la actitud del profesorado, ni la metodología en las aulas, ni las formas de relación con los alumnos y alumnas. Qué duda cabe que consigue mejorar la calidad de forma más clara y eficaz ampliando y perfeccionando la formación del profesorado, dedicando mayor presupuesto a la educación, dando mejores condiciones y más autonomía a las escuelas. ¿Por qué no se elige ese camino? En segundo lugar, sería deseable que no hubiese tantos bandazos legislativos a merced de los partidos que gobiernan. Sería deseable alcanzar pactos sobre la educación que liberasen al sistema de tantos vaivenes. Desde 1970 ha habido en España seis leyes sobre educación. Dicho esto, creo imprescindible apuntar que -desde mi visión- lo más importante de esta ley es la filosofía que la inspira. La Ley Orgánica sobre la Calidad de la Educación (Loce) que impulsó el Partido Popular era una ley cruel. Porque castigaba a los más desfavorecidos, establecía reválidas que suponían un filtro en el que los más pobres iban a encontrar más dificultades, anticipaba los itinerarios y condenaba a las consecuencias de una elección prematura, hacía al alumno el principal responsable de su fracaso y disminuía la participación de la familia.

-¿Y cuáles son los mayores puntos de conflicto?

-Los principales puntos de conflicto se sitúan en los siguientes aspectos: en el sistema de promoción (los opositores a la LOE quieren endurecer los criterios de promoción); la anulación de la reválida (que planteaba la Loce); el excesivo peso de las comunidades autónomas en el diseño del currículum; las clases de religión; el régimen de los colegios concertados (muchos de ellos en manos de órdenes religiosas); la selección de directores y directoras y la concepción sobre la naturaleza de esa función; la participación de las familias (que había sido recortada) y el aumento de la conflictividad en las escuelas (que pretenden cortar los opositores a la LOE con un sistema de fortalecimiento de la autoridad).

-En conclusión, ¿cuál es el gran problema actual y a resolver de la educación española?

-La educación española ha recibido evaluaciones no muy favorables en el último Informe Pisa (es una prueba internacional dirigida a los alumnos). Esto ha hecho arreciar las críticas contra la Logse (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) que, a mi juicio, era una buena ley. No estoy de acuerdo en que la aplicación de esa ley fuese un fracaso, aunque hubo algunos aspectos que no funcionaron. Esa controvertida ley aumentó la escolaridad obligatoria de los 14 a los 16 años, lo que constituye un logro democrático sin precedentes. Muchos jóvenes que hubieran estado vagando por las calles tienen la oportunidad de seguir estudiando. Aumentó la escolaridad en la etapa infantil, abrió la preocupación por la diversidad, por la educación de las actitudes, por la educación en valores. No se puede hacer una ley nueva sin lo que yo he llamado "las cuatro D": un diagnóstico riguroso, un debate serio, unas decisiones racionales y un dinero abundante. La educación es cara. No tener una buena educación es carísimo. Para mí, el principal problema que tiene el sistema educativo español es la deficiente formación del profesorado, sobre todo en los niveles de secundaria y bachillerato. Tienen una buena formación científica y ninguna formación pedagógica. Como si la tarea educativa fuese inespecífica, que no necesitase saberes y destrezas especializadas.
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Santos Guerra: "El mayor problema del sistema español es la formación del profesorado"

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